ES DE SOBRA CONOCIDO lo que siempre se dice sobre la mujer del César: no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo. Nos hace reflexionar lo que ya dijimos en nuestro comentario de hace unos días sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto a la paralización de las obras del puerto de Granadilla. Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, manifestaba el pasado martes su creencia de que dicho órgano máximo de la Judicatura ha actuado de forma parcial en el caso de las mencionadas obras que han sido paralizadas.
Por nuestra parte, consideramos de aplicación a este caso lo dicho sobre la mujer del César. Es vox populi (y vox populi, vox Dei; la voz del pueblo es la voz de Dios) que el TSJC no ha actuado con la debida precaución en este asunto. No conocemos las tripas de la Justicia ni el intríngulis del sistema procesal. Ni siquiera entramos en la naturaleza y la procedencia de los magistrados que han decidido sobre la interrupción del puerto de Granadilla, hasta que exista un pronunciamiento firme. Sí sabemos, en cambio, que esa paralización va a causar un daño inconmensurable a la economía y al empleo de Tenerife, precisamente en unos momentos en los que el pueblo está pasando hambre. Y no es sólo una opinión nuestra: la han manifestado asociaciones empresariales y profesionales, así como un elevado número de ciudadanos; entre ellos algunos de notable relevancia por sus acciones para conservar la naturaleza, como es el biólogo Antonio Machado.
Apelamos al sentido común para poner en la balanza de la razón, por un lado, unos sebadales cuya extensión apenas supera en un uno por ciento los existentes en Canarias (y que, además, se pueden trasplantar), y por otro el progreso de Tenerife y sus moradores.
No menos inquietante es el hecho de que el Parlamento sigue dando tumbos. Nos reafirmamos en lo dicho hace unos días: a sus miembros habría que expulsarlos a latigazos. De igual forma que Cristo echó a los mercaderes del templo de su Padre, la ciudadanía canaria debería desalojar a los diputados del templo del pueblo; es decir, del Parlamento. Existen múltiples motivos que avalan esta necesidad de flagelar políticamente a quienes gastan en necedades el dinero de los contribuyentes. Hoy sólo vamos a citar cinco indignidades que nos parecen sangrantes, cometidas por sus señorías. ¿Sus señorías? Qué ironía que entre ellos se llamen señorías. Nos da asco oír como un diputado llama a otro señoría.
El primer atropello lo constituyeron las expropiaciones para ampliar la sede parlamentaria; es decir, para que "sus señorías" estuviesen más cómodas. Un desmán en el que Ruano actuó de asesor y José Miguel González como portavoz, oficial u oficioso, para decirle a una de las propietarias perjudicadas, una señora de avanzada edad, que se avenía a lo que habían dispuesto, o no vería un duro jamás en su vida. Así fue finalmente.
La segunda felonía política de los parlamentarios canarios fue la indigna y canallesca reprobación del periódico EL DÍA. La tercera, esa "volada" que se le ocurrió a la genial criatura Cristina Tavío de organizar en el Parlamento la final de murgas. La cuarta, la subida de sueldos en tiempos de hambre; ¡qué falta de latigazos! La quinta acaba de ocurrir ahora: 450.000 euros en dos años para los móviles. Y los pobres, a comer alimentos caducados. ¿Es que nadie va a coger el látigo?
El Parlamento como continente es muy respetable, pero su contenido nos provoca náuseas. Lo malo es que va a peor, con ciertos nombramientos recientes de portavoces.