LA SITUACIÓN SOCIAL no ha estallado todavía, entre otras cosas porque los sindicatos siguen al sol que más calienta, el de las subvenciones públicas, y porque la patronal está donde está. Pero hay un riesgo claro y un sector especialmente afectado. Lo ha dicho el sociólogo Víctor Pérez Díaz, una de las cabezas mejor amuebladas de esta España donde no sobran ideas: "con este paro los inmigrantes se pueden quedar colgados de la brocha". Es un colectivo de tres, cuatro millones de inmigrantes que sólo buscan sobrevivir. Y sin trabajo, sin una familia que pare el golpe, sin el colchón de la ayuda social en cuanto se les acaben las prestaciones del paro, sin horizontes y con la necesidad de comer -ya ven ustedes qué vulgaridad-, los inmigrantes son los primeros paganos de una crisis, después de que las llamáramos de todas las maneras posibles para que hicieran el trabajo que los españoles no queríamos hacer.
La solución ha sido, primero, poner a la policía a pedirles los papeles en la calle y en la puerta del Metro y acelerar la expulsión de todos los posibles, con cupos y cuotas. Hasta que se denunció públicamente. Ahora se quiere reformar la legislación de extranjería para sancionar con multas de entre 500 y 30.000 euros "a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero". Se considera que se promueve cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto". Ello, como está denunciando entre otras, la Plataforma Salvemos la Hospitalidad, "pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que, sin ánimo de lucro, acompañan, hospedan en sus casa y apoyan a personas sin papeles", personas enormemente vulnerables. ONG, congregaciones religiosas y muchos ciudadanos que ejercen el deber de la hospitalidad de forma altruista, tapando lo que el Estado no ha sido capaz de resolver y hasta la manga ancha que ha practicado en algunos momentos, pasan a ser presuntos criminales.
Como la situación social se va a complicar y la crisis va a reventar la paz social, no descarten que se vaya a promover y hasta a premiar la denuncia ciudadana, la caza del "ilegal", por mucho que se repita que no hay personas ilegales, sino en situación irregular. El objetivo es dejar en absoluto desamparo a personas con derechos que, como ha reiterado la Abogacía, en la mayoría de los casos son víctimas y no culpables. Un Estado que promueve la insolidaridad con los más pobres, con los desheredados y los empuja hacia la miseria, no puede llamarse Social y de Derecho, y pierde, como dice la Plataforma "toda legalidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro". La brecha social puede ser el comienzo de algo mucho más grave.