El Cabildo de Tenerife incluirá este miércoles en el ''Debate sobre el Estado de la Isla'' una propuesta de resolución en la que se adhiere a la reclamación de las asociaciones agrícolas canarias de los ocho millones incluidos en los PGE de 2018 para compensar el sobrecoste de la obtención de agua de riego.

Tras una reunión con representantes de Asaga, COAG-Canarias y Palca, el presidente, Carlos Alonso, ha comentado que el REF no es algo "etéreo" y tiene "incidencia directa" sobre personas y actividades económicas, y si no se cumplen sus medidas, algunos sectores "están condenados a desaparecer".

Alonso ha comentado que "no tiene sentido" que no se transfieran las cantidades tras el "esfuerzo" que conllevó la aprobación del nuevo REF y el Estatuto, lo que convirtió a Canarias en un "ejemplo" para España de como se pueden "lograr cosas" con consenso y dentro de la Constitución.

Ha apuntado que los agricultores tienen "derecho a quejarse" porque el Estado quiere eliminar las compensaciones "a las primeras de cambio" y el agua es un elemento clave para garantizar la "supervivencia" del sector, y lo mismo ocurre con las ayudas al transporte o el Posei, con una capacidad máxima de 23 millones.

"El REF es la supervivencia del sector agrario", ha subrayado, al tiempo que ha anunciado que buscará el apoyo del resto de presidentes de Cabildo en la Fecai que se celebra este martes.

Alonso no espera que la propuesta de resolución pueda generar discrepancias con el Grupo Socialista --socio de gobierno-- porque el interés general debe "estar por encima" del partidista, y por ello, se trabaja para tener una postura consensuada.

La presidenta de Asaga, Ángela Delgado, ha dicho que los ocho millones del agua de riego son parte del "fuero agrícola", junto a las ayudas al transporte y el Posei, necesarios para compensar los "altos costes" de la producción en las islas, debido a la fragmentación del territorio y la lejanía del continente.

LAS MEDIDAS JUDICIALES "SE DAN POR HECHAS"

Además, ha señalado que "el primer interesado" en transferir las cantidades debería ser el propio Estado, pues ya "lo firmó", y ha lamentado que todos las ayudas se vayan "cayendo sin poder disfrutarlos".

Delgado no termina de creerse los últimos anuncios del Estado porque ha habido muchos cambios de opinión en las últimas semanas, de ahí que mantengan en pie la manifestación del próximo 22 de marzo en las islas.

Ha dicho que las medidas judiciales "se dan por hechas" si el Estado no transfiere el dinero, pero espera que haya "voluntad política", porque si a las asociaciones se les da la razón en tres o cuatro años, "el sector puede ir desapareciendo".