Los grupos parlamentarios participaron ayer en otra ponencia sobre la nueva ley de Servicios Sociales y, según resaltan fuentes de CC, se ha acordado que, de forma explícita, la norma elimine el tope de dos años que actualmente presenta la prestación canaria de inserción (PCI) para poder seguir percibiendo esa ayuda básica.
Ante las diferencias entre las distintas sensibilidades, desde la visión del grupo que sostiene al Gobierno debería darse una transición hacia el cumplimiento de la renta ciudadana incluida en el nuevo Estatuto de autonomía, aprobado en el Senado el pasado 24 de octubre. Mientras, existe acuerdo general en que, al menos, la nueva norma elimine ese máximo de 24 meses para percibir esta ayuda si persisten las circunstancias por las que se le aprueba a una familia o persona.
Los partidos aún deben concretar si esa eliminación presenta otro tope mayor o cómo se regulan las prórrogas hasta que se instaure la renta ciudadana.
Del resto de la ley, los partidos siguen tratando de priorizar los acuerdos para que la ley salga con el máximo consenso. Para eso, se han intensificado las ponencias y se sigue barajando el pleno de mediados de marzo para que sea aprobada en la Cámara, tras pasarse por comisión. De lo contrario, aún quedaría la última sesión, a finales de ese mes.
Por lo sondeado en otros partidos, todo apunta a que la norma saldrá con el voto mayoritario y hasta unánime en gran parte de los artículos, aunque no en todos. De hecho, el PP ha presentado enmiendas a todos los artículos previstos.