"Los responsables de la explotación en Canarias tienen nombre y apellidos, dirigen empresas y quizá pertenezcan a patronales como Ashotel", ha dicho hoy el secretario general de la UGT de Canarias, Gustavo Santana, en respuesta a unas declaraciones del presidente de Ashotel, Jorge Marichal.
En una entrevista en el periódico El Día, el presidente de Ashotel ha declarado que "quien se deja explotar en nuestro país es porque quiere", a lo que el secretario general de la UGT de Canarias ha replicado que rechaza esas palabra, que, ha añadido, solo prueban el desconocimiento que Jorge Marichal tiene de la realidad de los trabajadores.
El secretario general de la UGT en Canarias ha indicado en un comunicado que los últimos datos del desempleo en las islas apuntan a una "precarización progresiva del empleo en el sector servicios, donde se engloba la hostelería y el turismo, principal motor económico de Canarias".
Ha afirmado Gustavo Santana que es "irresponsable negar las presiones" que sufren los trabajadores y ha insistido en que en España la explotación es una lacra que se pretende erradicar con múltiples medidas, por lo que "es una irresponsabilidad que el presidente de una patronal niegue su existencia y haga recaer sobre la espalda del trabajador la responsabilidad de que se registren hechos como estos".
El dirigente sindical ha señalado que amplios sectores de trabajadores canarios sufren a diario presiones y soportan condiciones indignas por miedo a perder su empleo, y los datos en el ámbito nacional, ha añadido, indican que se consolida la figura del trabajador pobre o precario, que no puede salir de la situación de riesgo de exclusión social, a pesar de tener un empleo.
Gustavo Santana ha recordado al representante patronal, que el hecho de que haya campañas para luchar contra el fraude en las contrataciones, prueba que se trata de una realidad tangible y rechazable. Para ello se ha reforzado la Inspección de Trabajo.
La UGT ha advertido de que las múltiples denuncias presentadas por este sindicato prueban que se trata de una práctica habitual de algunos empresarios para abaratar sus costes en personal.
Gracias a la intensificación de las inspecciones, solicitadas por los sindicatos más representativos, a finales del pasado año se regularizaron más de 3.000 contratos que se habían firmado por horas o a media jornada, pero los trabajadores eran obligados a realizar muchas más horas sin que se les abonaran, ni se cotizara por ellos lo establecido en la ley, ha explicado.
Además, los inspectores obligaron a dar de alta a más de 2.000 personas que trabajaban sin contrato.