Veinte de los 28 procesados en el caso Faycán reconocieron ayer ante la Audiencia de Las Palmas que participaron en una trama corrupta que cobró comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) para lograr fondos que financiaron al PP de la ciudad y enriquecerse varios de ellos.
Esos veinte acusados comunicaron ayer al tribunal durante la primera sesión del juicio que son ciertos los cargos que se dirigen contra ellos (cohecho, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos) y que aceptan las condenas que les reclama el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.
Estas penas quedan rebajadas ahora a un máximo de dos años de cárcel por la aplicación de atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas, así como por el reconocimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia y dilaciones indebidas (las condenas llegaban hasta un total de 10 años).
Los otros ocho procesados no aceptan las imputaciones del fiscal y defienden su inocencia: se trata de los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano (ambos del PP); el exconcejal de Ordenación Territorial Agustín León (Ciuca); los funcionarios Esteban Cabrera, Juan Felipe Cabrera, Emilio Hernández y José Luis Mena, y el empresario Domingo Juan Campos.
La vista oral continuará solo para ellos, ya que el tribunal ha decidido que las otras 20 personas que se sentaban hasta ayer en el banquillo declaren solo como testigos, sin letrados que les asistan, y que, en consecuencia, se replantee el calendario del juicio, que inicialmente se iba a prolongar unos cinco meses.
Sin embargo, la Fiscalía cuenta desde este momento con confesiones clave que apuntalan su relato de hechos, entre ellas la del interventor del Ayuntamiento Enrique Orts, a quien sitúa entre los promotores de la trama corrupta que, "con el pretexto de financiar al Partido Popular en Telde, decide organizar un sistema de obtención ilícita de fondos, utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la citada corporación local", entre los años 2003 y 2007.