La Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte) cree que la educación de cero a tres años "nunca se ha tomado en serio en Canarias" e insta a la Consejería de Educación a "actuar con firmeza" y a exigir que todas las escuelas infantiles cumplan con el decreto que las regula, aprobado en 2008. La organización advierte de que la falta de inspección permite que permanezcan abiertas instalaciones que no cumplen con los requisitos -ni de personal ni de espacios- que determina la norma, con lo que no garantizan la seguridad de los menores.

La crisis económica y la obligación de adaptarse al decreto 201/2008 de 30 de septiembre provocó el cierre de un número considerable de escuelas infantiles. En Acinte están de acuerdo en mejorar sus instalaciones para atender mejor a los niños, pero insisten en que esa exigencia debe ser para todos. "Nos tuvimos que adaptar, pero a día de hoy queda un gran número de centros públicos y privados que no lo han hecho. Están en una situación "alegal" que la Consejería de Educación no asume", se queja la organización.

Para Acinte, la vista gorda de la Administración está permitiendo que se cree una red de centros de bajo coste. "No cumplen requisito alguno y su personal, en la mayor parte de los casos, no está titulado. De esta forma, los gastos son mucho menores que los de los centros autorizados, ya que los autorizados tenemos que contratar técnicos de Educación Infantil y Maestras".

Algo similar ocurre con las ludotecas. Acinte vuelve a reclamar la necesidad de una regulación de estos establecimientos, que muchas veces hacen "competencia desleal" a estas escuelas, y de las "madres de día", mujeres que cuidan a menores en sus casas, una tendencia al alza pero que apenas está regulada en España.

Por último, la asociación considera que una apuesta clara del Gobierno de Canarias por este ciclo educativo sería la mejor manera de prevenir el alto fracaso escolar actual en las Islas y, al mismo tiempo que garantiza la igualdad de oportunidades, velaría por la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, "mayoritariamente mujeres", y ayudaría a conciliar la vida familiar con el trabajo de los padres.

las claves

Decreto 201/2008. Esta norma obligó a muchas escuelas a adaptarse y cumplir con los requisitos de espacios, materiales y número de profesionales por niño.

Impunidad. Acinte denuncia que se hace la vista gorda y que muchas escuelas, algunas públicas, incumplen el decreto autonómico.

La asociación también ha mostrado su preocupación por que algunos colegios hayan empezado a acoger a niños a partir de dos años -en lugar de tres-, lo que supone "una ruptura del ciclo educativo" que, además, pone en riesgo la supervivencia de muchas escuelas infantiles.

"Esto sería la muerte del sector: las empresas serían insostenibles. Al quedarnos solo con los niños de 0 a 2 años, los precios tendrían que subir muchísimo para poder subsistir, cosa que los padres no podrían asumir", apuntan fuentes de la entidad.

Este cierre sería perjudicial para las familias, que ante la ausencia de oferta de plazas públicas tienen que optar por acudir a los centros privados.

Para mejorar la desproporción entre oferta pública y privada y hacer más accesible este servicio, Acinte propone que se concierten plazas, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. "Ahora mismo no hay plazas públicas suficientes y las familias no pueden pagar centros privados, ya que estos no están concertados".

En el Archipiélago, según los datos que tiene la organización a través de la Consejería, las plazas privadas autorizadas alcanzaban un total de 8.052 a 21 de agosto de 2017. "A las plazas públicas no tenemos acceso por protección de datos, bien es verdad que autorizadas en Canarias no llegan ni al 25%", puntualiza la entidad.