El Consejo Escolar de Canarias (CEC) no quiere que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018 se aprueben tal como se han presentado. Hace unos días, el pleno de este órgano consultivo, que representa a toda la comunidad educativa, aprobó una resolución en la que demanda que la inversión en educación represente el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) -y no el 3,57%- y que el aumento se dedique a la educación pública de 0 a 3 años, prácticamente inexistente.
Las cuentas planteadas por el Ejecutivo autonómico contemplan una subida de 100 millones de euros, una cuantía que no sirve para paliar los graves recortes sufridos en los presupuestos durante los años de la crisis.
El Consejo ve necesario que "desde el gobierno, las instituciones políticas y sociales, la sociedad en general y el sector productivo se asuma la importancia de la inversión educativa y el beneficio que supone su retorno económico y social que, según la OCDE, triplica el valor absoluto de los costes, reflejando y consignando, de forma clara y explícita, el incremento presupuestario progresivo anual que garantice alcanzar, al menos, el 5% del PIB en 2022", tal como contempla la Ley Canaria de Educación.
El órgano de representación recuerda así la necesidad de que la financiación en la enseñanza "no sea considerada como un gasto, como la subvención de un servicio, sino como una inversión que tiene repercusiones de gran calado socioeconómico".
Además, la comunidad educativa señala la urgencia de que "la inversión en educación sea garantizada como una prioridad en la Comunidad Autónoma de Canarias, por su rentabilidad individual y social (empleo, sanidad, servicios sociales, etc.), por el papel estratégico que juega la formación como generadora de progreso y bienestar personal y social, y, por ende, como recurso para mejorar la situación socioeconómica actual y requisito imprescindible para el desarrollo futuro de Canarias".