Los sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos abandonaron ayer este órgano al entender que el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2018 mantiene medidas que van contra los trabajadores e impiden recuperar los "derechos laborales" perdidos por estos durante los años de crisis y recortes. Las organizaciones sindicales amenazan con adoptar "medidas contundentes" si el Gobierno regional no accede a negociar estas mejoras.

Sepca, UGT, CCOO, CSIF, FSES, Intersindical y Co.Bas entienden que el Gobierno ha "ninguneado" a los representantes de los empleados públicos -y, por extensión, a estos- al no atender una solicitud que había sido cursada por todas las organizaciones representadas en la Mesa.

El malestar de los sindicatos obedece a que las cuentas autonómicas contemplan unos 600 millones de euros más -además de otros 500 que podrían sumarse si se aprueban los presupuestos generales del Estado-, no permiten recuperar las plantillas, muy mermadas durante el periodo de ajuste, ni recobrar los derechos laborales aparcados. El representante de UGT, Francisco Bautista, cifró en al menos 8.000 los efectivos necesarios para que la Comunidad Autónoma pueda prestar con cierta suficiencia los servicios públicos.

La ampliación al 100% de la tasa de reposición de vacantes en algunas áreas de la Administración no es tampoco una solución para las centrales sindicales, pues, aunque alivia la pérdida de personal de los últimos dos años, deja sin cubrir las bajas producidas en los cuatro ejercicios anteriores.

"La Mesa de Empleados Públicos ya no es un órgano de negociación, sino un foco de hechos consumados", opinó Abraham Catalina, de Co.Bas, quien anunció que los sindicatos se reunirán con los grupos parlamentarios y luego se plantearán tomar "otro tipo de medidas".

"Nos quitan el derecho a negociar nuestras condiciones de trabajo", abundó Francisco Bautista. El representante de UGT acusó al consejero de Presidencia de incumplir su "compromiso" de dialogar con los sindicatos para "revertir" las restricciones recogidas en las cuentas. "El Gobierno nos miente sistemáticamente y vamos a tomar medidas contundentes que a lo mejor no le gustan", advirtió.

Por parte de CCOO, José Ramón Barroso aclaró que su sindicato y UGT dieron en principio su visto bueno al presupuesto por su carácter expansivo, orientado hacia las políticas sociales. Sin embargo, luego se han encontrado con que el documento mantiene políticas de ajuste para los empleados públicos que, a su juicio, afectan a esas políticas.

Los sindicatos insisten en que sus reivindicaciones no son necesariamente salariales, sino que también se refieren a aspectos como la jornada laboral o la "criminalización" de las bajas por enfermedad. Las organizaciones sindicales no entienden cómo la mejora de la economía y la tendencia al alza de los presupuestos no se refleja en las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

La versión del Gobierno de Canarias sobre el desencuentro con los sindicatos es otra. El director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, sostuvo ayer que se había citado a los representantes de los trabajadores de la Administración para "someter a negociación colectiva" algunos aspectos del presupuesto que mejoran las condiciones de la plantilla, pero que las organizaciones "han considerado procedente retirarse" pese a que había "margen de maniobra" para negociar.

Rodríguez admitió que los sindicatos habían solicitado -el 17 de octubre- reunirse para abordar la exclusión de las cuentas de aquellas disposiciones que prolongan los ajustes y restricciones aplicadas en los últimos ejercicios, pero alegó que no aportaron de forma previa una propuesta. "No se puede negociar lo que no se conoce", dijo.

Según el director general, el documento económico prevé -además de ayudas de acción social, en forma de exenciones y bonificaciones tributarias, y medidas para agilizar la gestión de recursos humanos en la Policía Canaria, un incremento del 1,5% en las retribuciones de los trabajadores, la extensión a más áreas de la tasa de reposición del 100% y el establecimiento de una tasa adicional del 90% para estabilizar empleo temporal. Estos tres últimos puntos dependen de que se aprueben los presupuestos del Estado y que estos contemplen estas medidas.

"Hemos asumido cualquier modificación que haga el Gobierno central, y en cuanto se aprueben entrarán en vigor desde el 1 de enero de 2018", añadió Rodríguez, que defendió las mejoras introducidas por el Ejecutivo para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos.