El Parlamento de Canarias ha emitido un informe en el que certifica la total independencia funcional o de gestión de Radio Televisión Canaria (RTVC) así como de sus sociedades dependientes Televisión Pública de Canarias (TVPC) y Radio Pública de Canarias (RPC). Es por ello que la Cámara, en concreto su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, se considera incompetente para analizar o fiscalizar, no solo el concurso de contratación de los servicios informativos ya en marcha, sino cualquier contrato que se realice desde RTVC.
Según el texto, que cuenta con el visto bueno del secretario general de la Cámara, "la actuación del ente público RTVC o de sus sociedades mercantiles en el ámbito de la contratación pública está definida legalmente de una forma claramente marcada por parámetros de autonomía funcional o de gestión, esto es, sin sometimiento a instrucciones o a supervisión administrativa de otras entidades o poderes". De esta manera, los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias rechazan pronunciarse sobre el concurso de informativos que ya ha sido convocado por RTVC tal y como solicitó el grupo parlamentario Podemos.
Desde la Cámara regional se especifica que, tras analizar la Ley 13/2014 de RTVC, a pesar de que esta señale su dependencia del Parlamento canario, el control solo es de naturaleza política. Es más, subraya que no hay dependencia jurídica alguna con la Cámara y que esta no puede participar, "en ningún caso", directamente en la esfera de gestión que compete a RTVC "en ninguna de sus facetas, económica, presupuestaria, contractual, de gestión patrimonial, de gestión personal, etcétera", certifica.
Insistiendo en este punto, por otro lado, y a pesar de que el Mandato Marco pendiente de aprobación contiene previsiones en el ámbito de contratación pública del ente RTVC o de sus sociedades, el informe insiste en que en ningún caso se atribuye al Parlamento capacidad "alguna de decisión al respecto". Así, la contratación pública queda "dentro del ámbito de gestión propia del ente". Cabe recordar que el Mandato Marco fue retirado del orden del día del Pleno del Parlamento de Canarias para su aprobación definitiva a pesar de que contaba con el respaldo unánime de la Comisión de Control de RTVC.
El informe también se pronuncia por el papel que ejerce el Gobierno sobre RTVC y admite que la Ley 13/2014 subraya el hecho de que el ente no tiene adscripción funcional al Gobierno de Canarias. Según los servicios jurídicos de la Cámara, a pesar de que RTVC esté adscrito orgánicamente a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, "en ningún caso dicha adscripción afecta a su autonomía o independencia". Así, la interpretación que se realiza es que la voluntad del legislador era dotar de la mayor autonomía funcional posible al ente público RTVC, por lo que cualquier injerencia desde cualquier entidad en el ámbito de contratación administrativa trastocaría esa voluntad.