Canarias cuenta con un nuevo hombre del saco político: la Tele Canaria. Oye, es nombrar la bicha audiovisual y hasta el más valiente se tira al suelo o sale corriendo a tal velocidad que La Palma se le queda pequeña, o Las Palmas o Tenerife, que uno ya no sabe ni de qué isla es cada quién.
Nadie quiere opinar sobre el concurso de los servicios informativos. Ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni Marhuenda? Aquí todos ponen cara de circunstancias y recuerdan que de los polvos de la vergonzosa Ley 13/2014 vienen estos lodos del despropósito. El texto, que solo tenía como objetivo cargarse a Willy, sus señorías siempre pensando en el bien de esta nuestra Comunidad, es claro, RTVC es autónoma, independiente y a Santiago Negrín no hay quien le tosa en materia de contratación. Por mucho que María Lorenzo, indescriptible consejera de la cosa, se resfríe.
Así que algunas de sus señorías andan como pollo sin cabeza para satisfacer las exigencias de un tiburón que no está acostumbrado a pelear en buena lid en los sebadales mediáticos. Porque aquí todo el mundo se queja de un concurso público de 144 millones de euros; empezando por Román Rodríguez, escondido tras lanzar la piedra, y terminando por Asier Antona, que está metiendo su recién estrenado liderazgo en un buen lío; pero en realidad nadie va a donde hay que ir cuando se cree que las cosas no se hacen bien: los tribunales.
Esta obscena pleitesía de la clase política canaria a los intereses espurios de los que siempre jugaron con las cartas negociadas está provocando la destrucción de uno de los principales elementos de la cohesión canaria. Los empleados de la Televisión Canaria no se merecen ser carne de titulares falsos y manipulaciones que no hacen sino dañar a la marca.
Canarias necesita de una tele y una radio públicas fuertes, respetables y respetadas. Pero con semejantes personajes en escena al final solo van a conseguir llevarla a negro, matar al sector audiovisual, que es prioritario en cualquier sociedad avanzada, y engordar las listas del paro con cientos de profesionales. La decencia tiene un precio: 144 millones.