La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha realizado entre el mes de septiembre y lo que va de octubre 17 sesiones formativas sobre la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos.

Así lo explica la consejera del área, Nieves Lady Barreto, que destaca, a través de un comunicado, que estos cursos han registrado un promedio de 130 participantes por sesión y adelanta que continuarán desarrollándose durante todo el año.

Según Barreto, estas jornadas de especialización "están siendo muy prácticas para los técnicos, porque que la formación que están recibiendo resuelve problemas reales". El objetivo, añadió, es facilitar la correcta aplicación de la nueva norma -que entró en vigor el 1 de septiembre- para que haya una "óptima relación" entre las administraciones y la ciudadanía y que ambas tengan total conocimiento de los temas que incorpora la nueva ley.

Los cursos dieron comienzo el 19 de septiembre en Gran Canaria con la apertura a cargo de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, que disertó sobre "Razones, claves y líneas maestras de la nueva ley". Esta acción formativa se inició en Tenerife el 25 de septiembre.

Ese mismo día, Alicia Concepción, jefa del Servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, impartió en Gran Canaria su curso sobre "Suelo rústico", y el 26 de septiembre lo hizo en Tenerife. El 21 de septiembre en Gran Canaria y el 26 en Tenerife hizo lo propio Antonio Domínguez Vila, profesor de Derecho Constitucional con su módulo "Suelo urbanizable" .

El 26 de septiembre en Gran Canaria, y el 4 de octubre en Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez, secretario general del Cabildo de Fuerteventura impartió su curso "Marco general de los instrumentos de ordenación territorial y ambiental".

Un dictamen jurídico advierte de inconstitucionalidad

Un dictamen encargado por la Fundación César Manrique (FCM) al catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Marcos Vaquer ve motivos de inconstitucionalidad en la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. El director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera, explica a Efe que la institución "ha recabado opinión y argumentación jurídica experta y cree que hay motivos suficientes de inconstitucionalidad en la norma -que entró en vigor el 1 de septiembre- para armar un recurso sólido". A juicio de Gómez Aguilera, "los caballos de batalla jurídica son el tratamiento del suelo rústico y los proyectos de interés insular y regional". En el dictamen se abordan asuntos de eventual inconstitucionalidad que, entre otras, afectan a dos grandes cuestiones controvertidas: la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico y las potestades de ordenación urbanística.