Es posible otra contratación pública, que incorpore criterios de responsabilidad social y medioambiental, favorezca la integración de personas en riesgo de exclusión y con discapacidad y garantice condiciones de trabajo dignas. Canarias ha emprendido el camino para lograr ese cambio y, aunque el proceso solo se ha iniciado, ya hay indicios que señalan a dónde podría conducir. La Universidad de La Laguna (ULL) colabora con el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno regional para definir -junto a los colectivos sociales- una ley que regule la introducción de cláusulas sociales y los contratos reservados.

Los docentes e investigadores de la institución académica han propuesto un modelo de implantación de contratación pública responsable en las Islas y han analizado sus efectos. Entre estos destaca una disminución de los costes de las prestaciones sociales y por desempleo, derivada de la inserción laboral de ciudadanos en riesgo de exclusión. Así lo expuso el pasado viernes Javier Mendoza, profesor de la ULL, en un seminario organizado por el Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos.

Las propias empresas sociales también se beneficiarían de la puesta en marcha de esas medidas al aumentar su profesionalización y reducirse su dependencia de las subvenciones -que, según Mendoza, en realidad no son tales, sino pagos por un servicio externalizado-. El incremento de la producción ecológica como consecuencia de la incorporación de cláusulas medioambientales es otro de los efectos positivos que prevén los académicos.

En cuanto a los eventuales impactos negativos, el análisis de la ULL apunta a la posibilidad de que se eleven los importes de los contratos -algo no necesariamente malo, puesto que responde a las mejores condiciones de los trabajadores encargados de ejecutar la obra o servicio adjudicados-, un alza en el número de contratos recurridos -lo que "se irá corrigiendo" con el tiempo-, más dificultades para controlar el cumplimiento del contrato o una mayor burocracia.

El estudio concluye que las cláusulas sociales y los contratos reservados -asignar una parte de una licitación a empresas de inserción o centros especiales de empleo- constituyen instrumentos "legales y válidos", aconseja aprovechar las experiencias internacionales en la materia y advierte de la necesidad de adaptar el modelo al tejido empresarial canario, en el que las empresas sociales tienen una presencia aún escasa. La necesidad de evaluar estas medidas y el desconocimiento de la realidad de la economía social en las Islas son otras de las conclusiones.

El análisis de los investigadores de la Universidad incluye también propuestas concretas, tanto para la implantación de cláusulas sociales en los procesos de licitación pública como para los contratos reservados. En el primer caso, sugieren empezar por criterios fácilmente evaluables y recuerdan que los de índole medioambiental generan "menos conflictividad".

Respecto a la reserva, Jiménez resalta la conveniencia de establecer un porcentaje entre el 0% y el 1% de los contratos, aunque "más cercano al cero", debido al riesgo de "morir de éxito" si se fijan niveles más altos que el aún incipiente tejido empresarial social en Canarias no está en condiciones de asumir o que pueden dar lugar a la "piratería social" -entidades solo en apariencia sociales creadas por empresas que nada tienen que ver con el sector-. También se ha propuesto al Gobierno regional no imponer limitaciones sectoriales en la reserva de contratos ni dejar fuera a los centros especiales de empleo con ánimo de lucro -como sí hace la legislación nacional-, así como incluir en esta medida los servicios sociales, caso de la atención domiciliaria.

La formación es un elemento imprescindible para una correcta implementación de esta nueva filosofía de contratación, dirigida tanto a los empleados públicos -que la han solicitado en encuestas realizadas por el equipo de la ULL- como a las propias empresas sociales, orientada en este caso a profundizar en su profesionalización. En este sentido, sugieren que la normativa autonómica contemple planes formativos y de promoción de estas medidas y prevea la constitución de una mesa o comisión de contratación pública responsable que supervise su implantación y desarrollo y en la que, a su juicio, ha de estar presente la Universidad.

Un solo contrato reservado en todo el Archipiélago

La posibilidad de reservar una parte de los contratos públicos a empresas sociales cuenta con un "respaldo legal consolidado", según el estudio presentado por el profesor de la ULL Javier Jiménez, quien junto al equipo de la institución académica que asesora al Comisionado de Lucha contra la Pobreza sugiere establecer pequeños porcentajes, acordes a las dimensiones de las entidades del tercer sector en el Archipiélago.

Por el momento, la incidencia de los contratos reservados en Canarias es mínima. Solo existe uno, firmado recientemente por el Ayuntamiento de Teror para el servicio de atención domiciliaria por algo más de 49.000 euros.

En España hay 128 reservas de contratos públicos a empresas sociales. Cataluña, con 35 y un volumen de 17, 7 millones de euros, es la comunidad autónoma en la que esta fórmula tiene un mayor arraigo.