La precariedad laboral puede llegar sin cambiar de trabajo. El Sindicato co.bas Canarias, en la provincia de Santa de Tenerife, denuncia que la Consejería de Educación y Universidades está obligando a algunas trabajadoras de los comedores escolares de los centros cuyo servicio de auxiliares de servicios complementarios fue privatizado este curso -18 en esta provincia y 12 en Las Palmas- a renunciar a sus puestos de trabajos. Estos empleados, en su mayoría mujeres, "cobran 550 euros y algunas este curso tienen que desempeñar su trabajo a más de 100 kilómetros, además de tener que cubrir constantemente las necesidades de otros colegios asignados a una zona". Esta situación se solventaría, "sin que nadie saliese perjudicado", si se cumpliese la normativa que establece el número de comensales por trabajador, asegura el sindicato.

María Candelaria Cruz Pérez, delegada de Personal de la organización, explica que la privatización del servicio de auxiliares en estos centros afectó a 18 personas en la provincia y que desde que empezó el curso, "un trabajador desplazado a la zona sur podría estar trabajando un día en San Miguel, un día en Granadilla, y otro en Arona".

La Consejería abona 18 céntimos por kilómetro, pero hasta un máximo de 100, explica. Así, para algunas de las trabajadoras que no tienen coche propio, ir a trabajar se está convirtiendo en una odisea, denuncia Cruz, que cree que este personal se verá obligado al final a renunciar a sus puestos de trabajo al no poder afrontar el coste económico que les supondrá este desplazamiento.

"Hablamos de trabajadores con salario correspondiente a una jornada parcial que no supera los 550 euros, y en algún caso con hasta 23 años de antigüedad".

Para el sindicato, una solución sería incorporar a las empleadas afectadas a centros más cercanos a su domicilio, donde trabajaban antes, y en los que, además, no se cumple la ratio establecida de trabajador por menores comensales. "Nuestra labor no es darles de comer, es enseñarles a comer, pero si tenemos muchos niños, ¿cómo lo hacemos?".

El sindicato denunció el curso pasado en varias ocasiones que Educación no cumple el acuerdo de huelga de 2003, en el que se establece el número de alumnos por cuidador-auxiliar de servicios complementarios. "No se cubre el excedente de alumnos entre tramos y se lo hemos trasladado a la Inspección repetidamente", expone.

El acuerdo establecía un auxiliar de servicios complementarios por cada veinticinco alumnos de Infantil y un auxiliar de servicios complementarios por cada 35 alumnos de Primaria. El problema es que cuando pasan de ese número no amplían el personal hasta que no llegue otra vez a 25 o 35 alumnos, se queja la representante sindical. "No es que pase en todos los centros, pero pasa en algunos y se podría atender la demanda".

Además de estos incumplimientos, el sindicato apunta que cada vez hay más niños con alergias e intolerancias alimenticias que requieren una atención más personalizada.

Por todos esos motivos, la organización insiste en que no son necesarios esos "desplazamientos forzosos", ya que existen colegios más cercanos.