El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, ha advertido este martes a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, de que su grupo no va a firmar ningún "contrato de adhesión" al presupuesto de 2018 y que si quieren su apoyo, se debe abrir una negociación.
"Con los ojos cerrados no vamos a firmar nada", ha comentado en la comisión parlamentaria de Hacienda donde Dávila ha desvelado las primeras intenciones del Ejecutivo con las cuentas de 2018 a raíz de una comparecencia solicitada por Podemos.
En esa línea, Jorge ha vuelto a pedir al Gobierno una rebaja del IGIC ya que tiene "recaudación rércord", para que se devuelva el "esfuerzo" que han realizado los ciudadanos durante la crisis y tras la subida de 2012, y ha solicitado a la consejera que "elija" el modelo del PP y no el de Podemos.
Dávila, por su parte, ha apuntado que el presupuesto del próximo año seguirá potenciando los servicios básicos y la inversión pública con el fin de ayudar a la generación de empleo, incidiendo en que hay un escenario "más halagüeño" gracias al rigor de la Comunidad Autónoma en los últimos años.
Además, ha comentado que "la política ha cambiado" y muchos gobiernos, incluido el central, tienen que negociar la aprobación de los presupuestos, por lo que su Ejecutivo va a "tender la mano" a "todos" los grupos parlamentarios para cerrar el "mejor presupuesto posible".
En esa línea, ha espetado a Jorge que "las políticas presupuestarias prioritarias van a seguir", y que pasan por el mantenimiento de los servicios, y ante la petición del PP de bajada de impuestos, ha dicho que no habrá "para las grandes empresas", sino en familias, pymes y autónomos.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, espera que el presupuesto de 2018 atienda "a las necesidades de la gente" y no a "cumplir con Montoro y Rajoy", al tiempo que ha demandado unas cuentas "reales y no improvisadas".
Además, ha reclamado "cambios" en la política fiscal para lograr una mejor redistribución de la riqueza, proponiendo que se mantenga la bonificación del 99,9 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta un máximo de 300.000 euros como base liquidable.