La contratación por las cadenas públicas autonómicas de radio y televisión de empresas externas, para producir buena parte de sus programas, incluidos los espacios informativos, provoca -según la Federación de Sindicatos de Periodistas- situaciones de precariedad laboral, despidos e inseguridad, porque las plantillas de esas empresas adjudicatarias no tienen ninguna estabilidad en sus puestos. Además, esa fórmula lleva a manipular la información para que no moleste al Gobierno de turno y así garantizar la renovación del contrato.
Según los sindicatos de periodistas, tanto la Radio Televisión Canaria, como Canal Extremadura y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, son claros ejemplos de esa degradación, que lleva a las cadenas a una situación de permanente conflicto, que afecta directamente al derecho de la ciudadanía a disponer de unos medios audiovisuales públicos independientes y de calidad. La Federación de Sindicatos de Periodistas siempre ha defendido que los programas informativos de las radios y televisiones públicas no deben ser externalizados nunca.