El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán (CC), afirmó ayer que no se niega a evaluar "todas las opciones" para levantar el nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en Cabo Llanos, pero sin descartar aún El Sobradillo, el lugar por el que se había decantado con fuerza al ocupar el cargo tras la ruptura del pacto esgrimiendo los informes técnicos. Según desveló, su posición final la desvelará en julio.

Después de reunirse con el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, el consejero indicó que el asunto está "en una fase de diálogo", que se ha retomado de nuevo, y a finales de julio se anunciará la posición del Gobierno regional, "si están disponibles todos los datos para tomar una decisión".

El consejero añadió también que, tras las reuniones con operadores judiciales, trabajadores y la plataforma en defensa de la justicia en Cabo Llanos, se acordó esperar al informe de movilidad del Cabildo de Tenerife, que ya está emitido, y otro más de Educación sobre las expectativas de ocupar la parcela educativa de Cabo Llanos.

El consejero apuntó que aún falta una tercera reunión en la que también participarían el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su Gerencia de Urbanismo para volver a analizar una posibilidad que había quedado en principio descartada: la de unir tres parcelas de Cabo Llanos, pero "sin descartar El Sobradillo" como otra alternativa posible.

Al respecto, reiteró que la Consejería nunca ha dicho que El Sobradillo no sea un lugar adecuado para situar la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Sobre esta cuestión, el fiscal superior defendió que resulta "absolutamente imprescindible" construir un nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, porque la situación actual de dispersión de sedes en varios puntos de la ciudad debe desaparecer.

La opinión de la Fiscalía es que la parcela de El Sobradillo reúne condiciones "óptimas" para construir un edificio, "sin duda", pero "no es el lugar adecuado para prestar un servicio general a la mayoría de ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife". "La lejanía de ese espacio hace que una mayoría de usuarios deba desplazarse más lejos para recibir un servicio, como el de la Justicia, que debe ser cercano al ciudadano. Esa distancia aleja al ciudadano de la Justicia", advirtió Garrido.

Por ello, y siempre según su visión, debe elegirse un entorno "cercano a donde habita la mayor parte de ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife".

De la queja al CGPJ a un replanteamiento general

El paso dado ayer por el consejero, de nuevo abierto a que se analicen a fondo las opciones de crear la ciudad de la justicia en Cabo Llanos, supone un cambio más que considerable respecto a los días de fuertes críticas entre la plataforma judicial que rechaza la mudanza a El Sobradillo y Barragán. En esa etapa, el consejero hasta anunció que elevaría una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la afirmación de dicha entidad de que, en el traslado al barrio periférico, se escondían intereses urbanísticos. Barragán creyó muy grave que se le acusara de algo así y, al final, cumplió su amenaza, lo que fue mal acogido por la plataforma. Sin embargo, y pasadas varias semanas, han vencido el llamamiento a la calma y diálogo lanzado por autoridades como el alcalde de Santa Cruz, así como por miembros de la plataforma. Tras la reunión de ayer, parece que puede haber consenso o, al menos, no tanto disenso, aunque habrá que esperar por los informes y, de hacerse en Cabo Llanos, poner en cuarentena los que utilizados para presentar El Sobradillo como única opción.