Los cuatro concejales de Servicios Sociales de los municipios canarios de mayor población, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, han reclamado hoy que se reforme la Prestación Canaria de Inserción para orientarla a que los demandantes consigan empleo.

Los ediles se reunieron hoy en el Ayuntamiento lagunero para constituir la primera mesa de trabajo de Servicios Sociales y tras la reunión, ofrecieron una rueda de prensa en la que hicieron una puesta en común sobre medidas para la gestión de los servicios sociales.

Flora Marrero, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, destacó la necesidad de una mayor coordinación entre todas las administraciones, especialmente con los cabildos y con el Gobierno autónomo, y demandó una mayor atención para los ayuntamientos.

La responsable de las políticas sociales de La Laguna destacó la necesidad de que el área de Servicios Sociales sea más transversal e instó a todos los partidos políticos a que "continúen trabajando" en un sistema de garantías de renta para cubrir las necesidades más básicas de los ciudadanos en riesgo de exclusión social.

Marrero, junto con el resto de concejales, coincidió en que las políticas sociales que se aplican ahora están diseñadas para un modelo de sociedad que va a dejar de existir "muy pronto".

Diego Ojeda, concejal de Acción Social y Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Telde, junto con Carlos García, encargado del área de Atención Social en Santa Cruz de Tenerife, y Jacinto Ortega, edil de Cohesión Social e Igualdad de Las Palmas de Gran Canaria, concluyó que había dos asuntos prioritarios: una Ley para barrios en situación de vulnerabilidad y la reforma de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción.

Los cuatro concejales señalaron la necesidad de que la PCI no solo funcione como una ayuda para la inserción, sino que esté orientada a la contratación y consecución de empleo por parte de los demandantes.

Los concejales también solicitaron que la gestión de los trámites que conlleva la PCI la asuma el Servicio Canario de Empleo para "aliviar" la carga de trabajo de los trabajadores públicos de la administración local y poder así dar "mejor" respuesta a las familias.

Marrero, García, Ojeda y Ortega comunicaron al finalizar que en septiembre habrá una reunión de técnicos en Las Palmas de Gran Canaria para concretar las medidas que llevarán a cabo los cuatro consistorios.