El Gobierno de Canarias acordó ayer una modificación de crédito por importe de 45 millones de euros para destinarlos a la compra de medicamentos y material y a mejoras en las infraestructuras de la Sanidad pública, informó la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la responsable de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, anunció también la aprobación de un decreto que introduce modificaciones en el reglamento de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para dar una mayor cobertura a las personas que se encuentran en situación de exclusión social.

Dávila informó de que unos 7 millones de euros de la modificación de crédito aprobada se destinarán a sufragar facturas derivadas de la compra de medicamentos, 33 millones a equipamientos sanitarios y cuatro millones para infraestructuras.

La compensación de este crédito permitirá cumplir con las obligaciones económicas de facturas para la compra de medicamentos y todo tipo de material sanitario, que resultan fundamentales para la realización de los servicios esenciales y de urgencia asistencial, explica el Ejecutivo en un comunicado.

Además, la modificación de crédito posibilitará hacer frente a necesidades tales como ventiladores para la unidades de cuidados intensivos, electrocardiógrafos, equipamiento para programas preventivos en las islas no capitalinas y todo tipo de aparatos electromédicos que son "esenciales para atender el normal funcionamiento de los centros".

En cuanto a los cambios introducidos en el reglamento de la PCI, Valido indicó que la principal novedad es la incorporación de una nueva figura de personas en riesgo de exclusión social, que se amplía a todas las que estén en situaciones de extrema necesidad, como las que no tienen hogar, las víctimas de violencia de género, las familias que tienen a todos sus miembros en paro o los afectados por los desahucios.

También incluye ahora a las personas con medidas de protección de las administraciones públicas, así como a aquellas que no puedan acceder con carácter temporal a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar. Igualmente, se introduce una nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia, para lo que se modifica el concepto de unidad familiar, que se amplía a la que se produce en cualquier tipo de espacio habitacional.

Además, la nueva reglamentación agilizará el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda con una gestión coordinada de los expedientes al crear una aplicación informática común de tipo administrativo, que mejorará la operatividad del sistema.

Valido recordó que la PCI está condicionada a la realización de actividades adecuadas para facilitar la inserción social, laboral, educativa o mejorar las relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Con los cambios introducidos, algunos -por problemas de salud mental por ejemplo- estarán exentos de estos programas y sujetos a otros adecuados a su perfil.

La PCI llegó en marzo a 8.977 beneficiarios, con 575 nuevas altas. Entre un 50% y un 55% que solicita la prestación concluye los programas sin posibilidad de inserción social o laboral o, debido a que se trata de personas en situaciones complicadas, no son capaces de mantener un empleo.