El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha acudido a la Justicia para frenar lo que considera una campaña de "presiones" y "chantaje" destinada a cambiar la adjudicación de proyectos audiovisuales realizada por el ente público. Negrín reveló ayer que el pasado jueves emprendió acciones penales contra la empresa editora de Diario de Avisos por las "informaciones manifiestamente falsas" con las que, a su juicio, ha tratado de coaccionarlo después de que no resultase favorecida en el procedimiento de selección de programas.
El máximo responsable de RTVC compareció ante la comisión de control del Parlamento, donde anunció que no aceptará "más presiones ni exigencias de grupos con intereses en el sector audiovisual", una decisión que lo ha llevado a interponer una demanda para que el rotativo rectifique las informaciones y, tras su negativa a hacerlo, a recurrir a la vía penal.
En una intervención de una inusual contundencia, Negrín denunció haber recibido "presiones directas", tanto mediáticas como políticas, "descalificaciones incluso personales" y haber sido víctima de "extorsión" por parte de "grupos que no han obtenido lo que pretendían por los cauces reglados". El presidente negó con vehemencia haber mentido al Parlamento cuando aseguró que no intervendría en la selección de proyectos realizada el pasado septiembre. "Asistí a una de las sesiones, porque si tengo que firmar algo debo conocerlo", alegó, antes de recalcar que la decisión correspondió a los técnicos del ente.
También desmintió que el procedimiento utilizado vulnerase la normativa al no cumplir la Ley de Contratos Públicos, a la que, sostuvo, no tiene que ajustarse la selección de proyectos audiovisuales. Por el contrario, se optó por "la máxima transparencia posible", de tal manera que se renunció al método anteriormente empleado -la "carta de invitación" a las empresas"- y se convocó el proceso de forma pública y por varios medios. Como refuerzo de sus argumentos, recordó que el 40% de las empresas seleccionadas no había trabajado nunca con RTVC.
Otra de las informaciones que Negrín ha denunciado ante los tribunales es la que se refería a la contratación "a dedo" de cinco editores de informativos, algo que, según el aludido, nunca ocurrió. El presidente del Consejo Rector explicó que el contrato con Videoreport, la productora que suministra estos programas, no incluye la edición, lo que obligó a efectuar contrataciones a través de una empresa de trabajo temporal, con el criterio esencial de la experiencia y avaladas por los servicios jurídicos.
Al margen de este contencioso, Negrín acusó a María Lorenzo, consejera de RTVC propuesta por el PSOE, de "vulnerar la obligación legal del secreto" del Consejo Rector, "paralizar" la acción de este órgano con hasta 106 solicitudes de información "que no se han traducido en ninguna aportación" y con su falta de asistencia a las reuniones. Esto ha impedido, lamentó, crear el registro de programas con el que ya cuentan otras televisiones autonómicas.