No hace ni dos años que Carmelo Jorge fue elegido secretario general de CCOO en Canarias en un congreso extraordinario y en un ambiente de enfrentamiento interno. Ahora ha anunciado su candidatura para la reelección con el propósito de mejorar la percepción social de la organización y modernizar su funcionamiento. "El sindicato no puede ser el del siglo XX", advierte.

¿Se han cerrado ya las heridas en CCOO?

No. Se ha normalizado una parte de la convivencia, pero queda mucho camino para que esas heridas acaben cerrando. Ese enfrentamiento ha tenido efectos irreversibles: perder 3.000 afiliados y 500 delegados en la hostelería es perder una parte considerable del sindicato, además en un sector estratégico que es el que más crece. Lo he vivido como un fracaso personal. Me presenté para evitar esa fractura y no lo he conseguido.

¿Podrá recuperar CCOO ese terreno en el sector de la hostelería, ganado por Sindicalistas de Base, la organización nacida de la escisión de Comisiones?

A corto y medio plazo, no. He procurado que entre la gente que represento y estos compañeros no haya ninguna ruptura definitiva ni generemos relaciones que luego impidan el encuentro. No he cerrado la puerta, ni la voy a cerrar, a que en un futuro eso se pueda recomponer.

¿Se refiere a un posible regreso de quienes se marcharon para crear Sindicalistas de Base?

Si eso es posible hacerlo sin que se vuelva a generar una guerra civil dentro del sindicato, no quiero cerrar esa puerta definitivamente.

¿Ha podido desarrollar en estos dos años un proyecto propio?

Sí. Me presento porque tengo la sensación de que necesito un mandado para completarlo. Hemos recuperado respeto institucional y social. Hemos conseguido arrancar el diálogo social y recuperar cierto protagonismo. Hemos conseguido parar la sangría de afiliaciones, cuando llevábamos seis años consecutivos de pérdida. Hemos pasado de 50.000 a 33.00 afiliados en seis o siete años y en los últimos cuatro o cinco meses hemos crecido de esos 33.000 a 33.500. Este crecimiento, muy moderado, ha permitido solventar gran parte de las urgencias financieras que tuvimos en el pasado.

¿No hay que temer nuevos despidos en la organización?

No creo que ese escenario se vuelva a repetir, sobre todo si seguimos creciendo en afiliación.

Cuando anunció su candidatura a la reelección dijo que presentaba un proyecto innovador.

Quiero que el sindicato tenga una nueva relación con las redes sociales y la gente joven. Tenemos un serio problema de relevo generacional. CCOO tiene que ser más flexible y abandonar esta estructura de compartimentos estancos. Hay que tejer redes de complicidad e insertarse en la sociedad. Uno puede creerse cualquier cosa sobre sí mismo, pero la identidad es, fundamentalmente, cómo te ven los demás. Yo estoy muy orgulloso del sindicato, pero esa no es la percepción que se tiene de nosotros. A alguna gente, cuando le hablan de trabajadores, se le viene a la cabeza la imagen de los trabajadores que han leído en los libros. En una generación hemos pasado de vender fuerza de trabajo a vender conocimiento. Es importante que empecemos a mirar, a comprender, a conocer, para ajustar el sindicato, que no puede ser el del siglo XX.

¿Esos problemas son exclusivos de CCOO o afectan a las centrales sindicales en general?

Es un problema de todas las organizaciones sindicales, de las empresariales y de la sociedad en general. No se puede pretender tener trabajadores más cualificados, más creativos y con más talento y pagarles la mitad que a los de antes y con condiciones de trabajo peores. Si queremos avanzar en esa dirección, cuidar el talento y la creatividad, todos tenemos que cambiar radicalmente.

¿Qué tipo de empleo se crea?

Un empleo pésimo en cantidad y calidad. La crisis ha servido para destrozar los mecanismos de distribución de la riqueza, entre ellos el empleo. Eso está relacionado con la negociación colectiva. Si en un sector se establecen unos salarios, las empresas ya no pueden competir bajándolos y hay que buscar nuevas formas de hacerlo. Durante la crisis, las empresas optaron por la competitividad disminuyendo costes laborales. Desde 2011, unos 35.000 millones de euros han pasado en España de las rentas del trabajo a las del capital. La riqueza que se genera se está quedando en menos manos. Cuando uno abre esa puerta, la cierra a competir en innovación, talento y creatividad. Con este sistema compite más no el que aporta más valor añadido o conocimiento, sino el que menos escrúpulos tiene.

¿Qué consecuencias tiene eso?

Estamos generando una sociedad que más tarde o más temprano tendrá un conflicto social importante. Creamos poco empleo y de bajísima calidad y además tenemos un marco de exenciones fiscales para los beneficios empresariales único en la UE. A lo mejor ha llegado el momento de plantearse su legitimidad. La compensación a ese marco fiscal tiene que llegar en forma de empleo de calidad. El REF existe porque hay un consenso social, que cada vez es más difícil porque cada vez más gente lo ve como una lista de privilegios para unos pocos, aunque eso tampoco sea cierto.

¿Es más difícil crear empleo de calidad en Canarias, cuya economía descansa en el sector servicios?

El mundo se dirige hacia lo que somos nosotros; el trabajo se va a ir agrupando básicamente en los servicios. Se puede crear empleo de calidad en el sector servicios. Hablamos de banca, turismo, administración pública, salud, educación... No hay una relación directa entre economía de servicios y bajos salarios, no como alguno quiere hacernos creer. Si pones un hotel todo incluido a 30 euros se compite a base de bajar los precios y reducir los costes laborales, pero si la oferta turística incluye alta gastronomía, valores culturales, actividades..., en lugar del todo incluido y la gaseosa gratis será una oferta de calidad con un empleo de calidad. Ese turista requiere otra atención, que se le hable en su idioma... Cuando se tienen mejores salarios y mejores condiciones laborales las administraciones recaudan más y todos elevamos el nivel de vida. Si seguimos apostando por traer "hooligans", por que la gente se pelee en el hotel con la hamaca...

¿Cree que el sector turístico está haciendo eso? ¿No apuesta por la renovación o la cualificación?

Basta con ver lo que ellos consideran lo importante: 16 millones de turistas. Tal vez sea más conveniente tener ocho y sacar por cada uno el doble de dinero. Eso es mejor que 16 millones tirados en la piscina del hotel con la pulserita en la muñeca.

Pero contar con un personal adecuado para prestar esos servicios de calidad precisa de un mejor sistema educativo. ¿Habrá que esperar para dar ese salto?

Solo llegaremos a la meta a medio plazo, pero nunca llegaremos si no empezamos a caminar ya. Llevamos años de retraso. La educación en Canarias debería ser bilingüe desde hace quince años. Lo primero que tiene que haber es voluntad política. En una parte considerable de los colegios privados ya hay educación bilingüe porque el propietario ha decidido que la haya. Es necesario un enorme esfuerzo, sobre todo en la Formación Profesional, de inversión y de prestigio social, de manera que no todos queramos que nuestros hijos sean universitarios en paro... Estas cosas requieren un debate social amplio para cambiarlas y todos debemos implicarnos en él: empresarios, sindicatos, políticos, universidades e incluso los propios centros educativos, que deben ser centros de vida. No pueden cerrarse a las tres y hasta el día siguiente. Es un lujo que no podemos permitirnos. Pasa lo mismo que con los hospitales. En la clínica de Cobiella te pueden citar para una resonancia hasta a las dos de la mañana.

CCOO ha defendido la aplicación de una tasa turística en Canarias. ¿Qué beneficios tendría?

Se recaudarían entre 110 y 120 millones para mejorar el entorno e incorporar valor añadido a la oferta. Una parte de la riqueza que se está generando en el sector se distribuiría. Esas empresas, cuyos beneficios crecen por encima a del 8%, pagan el impuesto de sociedades que establece el REF; es decir, están aportando poquito. Se dice que una tasa afectará a la competitividad de la oferta, pero a nuestra oferta le afectan más las políticas de austeridad. Los 16 millones que nos visitan son ciudadanos europeos, normalmente trabajadores, acostumbrados a pagar tasas. Si lo que se recauda se invierte en cuidar el entorno, el turista europeo paga la tasa con gusto. De hecho, se paga en gran parte de los destinos, en ciudades importantes...

El sector alega que no es lo mismo una ciudad como París o Roma que un destino vacacional como Canarias, con competidores similares.

Con camas a 100 euros, un euro de tasa supone el 1%; con veinte euros, representa el 5%. Claro que hay una diferencia. Con la tasa turística se estimularía la generación de oferta de camas de cien euros, y el euro de la tasa sería anecdótico. El que hace ese alegato está pensando en los veinte euros.

Pero los precios han subido.

Han subido hasta el límite que les permite la crisis de otros destinos. Cuando estos empiecen a recuperarse no tendrán más remedio que bajarlos.

¿Qué se puede hacer con la economía sumergida en Canarias?

Hay que plantearse la lucha contra la economía sumergida como algo fundamentalmente pedagógico. Hasta 2010, los agentes sociales teníamos gabinetes para ello. Si la Inspección visita una empresa irregular, no tiene más remedio que sancionar. Si voy yo, informo al empresario de las consecuencias que tiene lo que hace y de las ventajas de incorporarse a la legalidad y establezco con él un camino para hacerlo. Si eso no funciona, siempre queda recurrir a la Inspección. Si llegas a un pequeño taller en situación irregular y le pones 10.000 euros de multa, cierra. Eso beneficia al que tiene un taller legal al lado, porque el otro lo perjudica. Pero solo a ese. Lo que nosotros proponemos genera economía.

¿Qué esperan del proceso de concertación social que han iniciado junto al Gobierno y la patronal?

No vamos a firmar ningún acuerdo hasta que no se firme uno de protección social. Proponemos una renta mínima de 500 euros al mes para las unidades familiares que no tienen ningún ingreso, acompañada de establecer una prioridad para sus miembros en los planes de empleo social y de una beca, también de 500 euros, para que jóvenes hagan formación profesional reglada. Estas ayudas serían incompatibles unas con otras. El coste rondaría los 70 millones de euros a cargo de la Comunidad Autónoma y una parte se podría financiar con fondos de la UE.

¿Cómo han acogido el Ejecutivo y los empresarios la propuesta?

La primera reacción de la patronal fue preguntarse qué hacíamos hablando de protección social. Yo no hablo solo de trabajadores. Hay miles de pequeños y medianos empresarios que han cerrado y se han arruinado. Otra cosa es que las patronales en las mesas de concertación solo se preocupen de los empresarios a los que les va bien. Parece que de los que les va mal nos tenemos que preocupar nosotros. Esto tiene una utilidad de justicia social, pero también económica, porque significa incorporar a miles de personas al consumo. El Gobierno, como hace dos años: muy buen talante, muy educados y correctos, pero nunca tenemos una respuesta definitiva, ni un sí ni un no.