El estatuto de altos cargos y buen gobierno del Ejecutivo canario llegará al Parlamento "no más tarde de mayo o junio". Los diferentes departamentos del Gobierno autonómico han presentado sus alegaciones al texto y la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad -de la que parte la iniciativa- estudia en estos momentos cuáles de ellas se incorporarán.
El consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, explica -en declaraciones a EL DÍA- que en un plazo máximo de tres meses el texto "estará en disposición de convertirse en anteproyecto de ley y de elevarse al Consejo de Gobierno". Una vez se apruebe como proyecto será remitido al Consejo Consultivo de Canarias para que este formule observaciones. Una segunda aprobación, esta vez con carácter definitivo, permitirá enviar la iniciativa al Parlamento.
El estatuto fue impulsado por la Consejería -entonces dirigida por el socialista Aarón Afonso- como un futuro código de conducta para los altos cargos de la Administración, y dentro de los acuerdos sobre transparencia y buen gobierno incluidos en el pacto entre CC y PSOE. El anteproyecto fue el primero que echó a andar en esta legislatura y se perfilaba como la primera ley de esta etapa. Sin embargo, ha sido adelantada por otras, caso de la Ley del Suelo, que ya está siendo tramitada por la Cámara.
La intención del Ejecutivo es que el estatuto regule, entre otros aspectos, el régimen de incompatibilidades durante los dos años posteriores al cese para impedir las llamadas puertas giratorias y la prohibición de tener dinero en paraísos fiscales durante el ejercicio del cargo ni en los dos años siguientes tanto personalmente como por persona interpuesta.