El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un informe de la Consejería de Economía, Industria y Comercio que supone un primer pronunciamiento favorable del Ejecutivo sobre la oportunidad de contar con una nueva Ley de Cámaras de Comercio en el Archipiélago y sobre los objetivos y los principios generales de la nueva normativa.

El nuevo documento normativo pretende que las Cámaras formen parte de la estrategia operativa del Gobierno, de acuerdo con el objetivo de llevar a las empresas canarias a una mayor internacionalización, a la adaptación a la globalización.

Las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y colaboración con las administraciones en todo aquello que tiene relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

La aprobación de una norma nacional en 2014 obligó a derogar la autonómica

Canarias asumió en 1983 las competencias en materia de Cámaras de Comercio y el Parlamento de Canarias aprobó en 2003 la ley que las regula.

Sin embargo, el Estado introdujo cambios en 2014 en la normativa general con la aprobación de la nueva Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que obliga a derogar la ley canaria en vigor y a aprobar una nueva normativa adaptada a la nacional.

Por otro lado, la normativa obliga a recoger las nuevas necesidades surgidas por el transcurso del tiempo desde la aprobación de la anterior ley, todo ello con la intención de satisfacer los intereses que la sociedad demanda para un eficaz y correcto funcionamiento de las cámaras de comercio.