El Gobierno canario presentó ayer el proyecto de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística para ajustarlo totalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la diferenciación que esta norma establece entre establecimientos alojativos de distintas categorías a la hora de obtener autorización administrativa. La reconversión de la ley no solo ha suscitado el malestar de algunos grupos de la oposición, sino también una advertencia de la propia Coalición Canaria, que admite que deja "en el limbo" el objetivo de favorecer la regeneración de las plazas turísticas y de limitar el crecimiento de la oferta.
La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, informó en la Comisión de Cabildos del Parlamento sobre el proyecto por el que se reforma la ley aprobada en 2013. La sentencia declaró inconstitucional vetar la construcción de hoteles de menos de cinco estrellas, por lo que el Gobierno optó por sustituir este criterio por el cumplimiento de una serie de requisitos medioambientales, aún por determinar. Sin embargo, los establecimientos de categoría superior todavía se encuentran exentos de ajustarse a estos criterios, por lo que la ley deberá ser revisada de nuevo.
Los cambios -a los que las corporaciones insulares (ausentes Gran Canaria y La Palma) dieron su aprobación- suponen, a juicio de NC y Podemos, una "vuelta al pasado" y un camino libre al "desarrollismo". La formación anunció que presentará una enmienda a la totalidad para que se retire el texto. "El modelo del presidente es el de los 20 millones de turistas", sentenció Román Rodríguez.
Por su parte, el diputado de CC David de la Hoz defendió la "filosofía" con la que nació la ley: "poner sentido común a la mayor industria de las Islas y al crecimiento demográfico" y facilitar la recuperación de los establecimientos alojativos "obsoletos". La forzosa modificación del texto para dar cumplimiento a la decisión del TC frustra por ahora este propósito, por lo que el parlamentario nacionalista instó a la consejera a "modular" el desarrollo turístico.
Esta modulación tendrá que acometerse mediante el reglamento que regule los criterios medioambientales que tendrán que satisfacer los establecimientos para conseguir la autorización previa, dos aspectos -exigencias ambientales y autorización- que el PP cree innecesarios. Los socialistas criticaron el recurso presentado por el Estado, origen de la sentencia, mientras que ASG reivindicó la autonomía de los cabildos para definir el modelo turístico de cada isla.