La fiscal de la Audiencia Nacional María Antonia Sanz participó ayer en una jornada organizada por Ashotel sobre responsabilidad penal empresarial, tras la reforma del Código Penal de 2010, que introduce la posibilidad de imputar la comisión de un delito a las personas jurídicas. La necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude fue, además, el origen de una posterior reforma del Código Penal, en 2015, que incorporó los programas de cumplimiento para prevenir riesgos penales de las corporaciones.
Sanz, coordinadora de las investigaciones sobre delitos económicos en la Audiencia Nacional, afirmó que "es necesario incentivar la conducta ética en el desarrollo de la actividad que tiene lugar en el interior de las empresas".
La jornada "La responsabilidad penal de las empresas: la visión del Ministerio Fiscal" tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y en ella colaboraron CEOE-Tenerife y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). "Tenemos la obligación de conocer las novedades jurídicas que atañen a nuestra actividad", dijo, a modo de presentación del encuentro, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal".