De acuerdo con la información de aquellos días, parece ser que las contrataciones de las empresas de Lucas Fernández con la televisión gestionada por García -especialmente las últimas, firmadas el 5 de enero de 2015 por un valor conjunto de 812.500 euros- dejaron sin recursos económicos al Consejo Rector de la Televisión, para poder gestionar contratos el resto del año, y que su firma se precipitó para que Fernández pudiera embarcarse en la operación de compra del Diario de Avisos, una operación "tutelada" por su antiguo jefe, el exalcalde Miguel Zerolo, y por otras personas vinculadas al caso "Las Teresitas" de distinta forma, como el propio Zerolo, el empresario Antonio Plasencia o el mismo Lucas Fernández, también investigado en el caso Las Teresitas, por su relación con Zerolo.
Antes de cerrar con Elías Bacallado la adquisición del Diario de Avisos, Fernández se hizo acompañar por Zerolo en varios encuentros y visitas realizadas a empresarios vinculados al periódico, como Antonio Plasencia, uno de los dos empresarios juzgados por la trama de Las Teresitas, que aceptó retrasar el cobro de la deuda histórica que el Diario de Avisos mantiene con él, a cambio de ofrecer una salida honrosa a la familia propietaria. Como resultado de ese acuerdo, el hijo del anterior propietario del Diario de Avisos, Elías Bacallado jr., siguió cobrando un sueldo del periódico, situación que parece haber cambiado en los últimos meses.
Zerolo y Fernández también se entrevistaron con los principales dirigentes políticos de Canarias, a los que Fernández informó de que había logrado sanear su empresa matriz -Plató del Atlántico-, gracias a una operación con un gestor estadounidense de fondos, y que con el dinero conseguido había decidido comprar Diario de Avisos, un periódico que por entonces sufría gravísimas dificultades financieras.
Las empresa propietaria de Diario de Avisos formaba en el momento de su compra parte de Videoreport Canarias, sociedad que en 2008 resultó adjudicataria de la gestión de los informativos en la televisión autonómica, con lo que con su compra por parte de una de las empresas supuestamente más favorecidas por la contratación de producción televisiva en los años de gestión de Guillermo García, podría haberse producido lo que los expertos contables definen como "una operación de financiación circular".