La consejera de Política Territorial y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha justificado este martes el apoyo del Ejecutivo a la tramitación parlamentaria de la llamada ''ley de barrancos'' por la necesidad de restaurar una zona "degradada" en el municipio de Güímar.
En una comparecencia parlamentaria solicitada por Nueva Canarias (NC), ha comentado la reordenación de la zona es un objetivo perseguido por el Cabildo, el Ayuntamiento --aunque ahora se ha echado atrás-- y los vecinos, si bien ha advertido de que "cómo hacerlo" no depende del Ejecutivo.
Barreto ha señalado también que es "imposible" hacer una cuantificación de la restauración hasta que no se haya hecho el plan medioambiental, aunque haya informes preliminares del Cabildo que lo elevan hasta casi los 360 millones.
En cuanto a la sentencia judicial que condena a los areneros, ha afirmado que "nada tiene que ver" con la proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife, es "independiente", y cada uno tendrá que "pagar la parte que le corresponde".
Barreto ha señalado que el Cabildo intenta "prohibir las extracciones y regenerar la zona", y el Gobierno "no sabe cuánto ni cómo", ya que los casi 360 millones "son una hipótesis" y, por ejemplo, se puede aprobar la ley y dejar para "más adelante" la restauración.
En ese sentido, ha apelado a "no confundir" la sentencia judicial con la proposición de ley, y ha señalado, por ejemplo, que en las cumbres de técnicos de ambas administraciones se ha defendido que "la restauración no puede ser una parte, sino integral".
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho que la ley no es el "mejor instrumento" para ordenar los barrancos de Güímar, y se ha preguntado por qué la Comunidad Autónoma impulsa la tramitación de la ley con tres informes contrarios desde el punto de vista económico, y uno de ellos, además, "demoledor" porque entiende que la ley es "inconstitucional".
Ha comentado que el redactor de la propuesta es el mismo que el de la Ley del Suelo y que el Cabildo ha "intentado endosar" su responsabilidad al Gobierno regional, aparte de que los condenados han logrado "enredar" a la justicia al vincular la ejecución de la sentencia a la ley. "Quienes se han hecho millonarios con la extracción de áridos tienen que pagar la restauración", ha explicado.
Rodríguez ha dicho que los costes de la restauración cuestan unos 360 millones, según las previsiones del Cabildo, y no entiende que el Ejecutivo canario haya dado conformidad a la tramitación cuando va a generar un "problema presupuestario" a la Comunidad.
Además, ha dicho que hay que "reevaluar" la proposición porque "no hay competencias" sobre el suelo y no hay capacidad para calcular las indemnizaciones. "No es de recibo que el Parlamento asuma una responsabilidad que no le corresponde, y menos sin toda la información", ha apuntado.
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El diputado de ASG, Jesús Ramos, ha comentado que la ordenación de los barrancos está atascada desde hace muchos años por la falta de una regulación autonómica de las minas, y cree que "cruzarse de brazos" no es la solución para empresarios, vecinos, cabildo y ayuntamiento.
En su opinión, no se debe "postergar" la tramitación de la ley porque "sin ley no habrá respuesta para nadie", más aún cuando viene avalada por el Pleno de la corporación insular, si bien no ha ocultado que habrá que afrontar indemnizaciones para los titulares de las extracciones.
Concepción Monzón, de Podemos, ha comentado que la ley ha sido demandada por los vecinos de Güímar durante varios años, y se ha referido a los informes contrarios del Ejecutivo canario, por el carácter inconstitucional de la ley y las repercusiones económicas para las arcas autonómicas.
Sobre la sentencia de enero, que condena a tres empresarios por la extracción ilegal de áridos, ha dicho que existe el temor de que la proposición de ley "abra la puerta" a que los condenados no paguen los costes de la restauración. "Busquemos soluciones realistas", ha indicado.
Cristina Tavío, del Grupo Popular, ha dicho que la ley "ni restaura ni ordena" los barrancos porque "frena el desarrollo" del municipio, al desclasificar cuatro millones de metros cuadrados de suelo. "El Ayuntamiento quiere usos, no que los extinga", ha comentado.
Sobre la restauración, ha comentado que "solo buscar usos a los hoyos" permitirá darle utilidad a ese suelo. "Solo una ordenación que ni expropie ni cancele derechos evitará las indemnizaciones", ha explicado.
"LOS CONDENADOS TIENEN QUE PAGAR", AVISA CC
Héctor Gómez, del Grupo Socialista, ha dicho que la ordenación de los barrancos es un "fracaso colectivo", insistiendo en que la ley trata de "prohibir" el uso extractivo y "restaurar" el cauce, sin obviar los informes contrarios de la Comunidad Autónoma, que dicen que la ley es "excesiva". "Fijaremos posición cuando toque", ha comentado.
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha resaltado la "degradación" del medio natural que ha generado "peligro de avenidas", por lo que ve un "buen propósito" en la iniciativa del Cabildo.
En cuanto a la sentencia judicial, ha dicho que los condenados deben pagar los costes de la restauración, aunque sí ha advertido de que la ley "no puede aprobarse" si implica costes para el erario público.
"Nos negamos a aceptar que se llame Ley Plasencia. Los condenados tienen que pagar", ha indicado.