Ecologistas en Acción y la Asamblea Ecologista de La Palma han advertido hoy de que la recién aprobada ley turística para La Gomera, El Hierro y La Palma es "la mayor chapuza legislativa que ha salido del Parlamento de Canarias" y su inconstitucionalidad genera una inseguridad jurídica que paralizará todo plan o actuación que se ampare en la misma.
La aprobación de las modificaciones de esta ley ha servido al Gobierno de Canarias "como experimento para comprobar las tragaderas del Parlamento" ante la próxima tramitación de la Ley del Suelo, afirman los ecologistas.
En un comunicado conjunto, La Centinela-Ecologistas en Acción, la Asamblea Ecologista de La Palma y la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción señalan que la conocida como ley turística de las islas verdes, promovida por el Cabildo de La Palma, "está viciada desde sus inicios".
Responde "a los reveses judiciales del Plan Especial de Ordenación Turística de La Palma" y "a las exigencias de conocidos empresarios dedicados a la especulación inmobiliaria", sostienen.
"La mayoría parlamentaria ha hecho un cesto que rezuma irregularidades por todos lados, en su tramitación y en su contenido, emborronando los motivos y el articulado de la Ley con arbitrariedades y contradicciones.
El Parlamento de Canarias también ha perpetrado con esta ley "la desobediencia a una sentencia firme, al dar categoría de interés estratégico y apariencia de legalidad a actuaciones declaradas nulas por el Tribunal Supremo", advierten los ecologistas.
En su opinión, las modificaciones de la ley durante el trámite parlamentario han servido de experimento al Gobierno de Canarias "para comprobar las tragaderas del Parlamento y chequear la salud del pacto".
"Es triste ver a un Partido Socialista Canario noqueado y sin identidad que, salvo honrosas excepciones, se deja arrastrar de la mano de Coalición Canaria hacia las posiciones del neoliberalismo más feroz que ha conocido la política en estas islas, protagonizado por el presidente Clavijo y su consejera de política territorial, y jaleado por el Partido Popular y la patronal inmobiliaria", consideran los grupos ecologistas.
El resultado no va a ser el desarrollo turístico de La Palma, como pretende el Cabildo, sino una nueva parálisis, porque si antes había inseguridad jurídica "ahora tenemos inseguridad jurídica al cuadrado", aseguran.
Los ecologistas advierten de que "todo plan o actuación que se ampare en esta Ley puede caer por la inconstitucionalidad de la propia Ley".
Además, alertan de que la aprobación exprés de un proyecto de los llamados de "interés estratégico" generaría a sus promotores unos derechos adquiridos que habría que indemnizar con dinero público en el caso más que probable de que los tribunales confirmen su nulidad.
Para los grupos medioambientalistas, el Cabildo de La Palma debería abandonar las políticas que favorecen la especulación y tomarse en serio la actividad turística, que en estas islas debe basarse en la riqueza natural y cultural, "no en imposturas trasnochadas como los campos de golf".
Los ecologistas defienden la rehabilitación urbana y paisajística frente a la extensión del urbanismo por el suelo rústico.
"La actividad turística debe contribuir al reparto de la riqueza y no a la consolidación del modelo de desigualdad que hace que en Canarias se bata simultáneamente el récord de llegada de turistas y el de precarización del empleo, el de beneficios empresariales, y el de la pobreza", concluyen.