La asociación ecologista Ossinisa ha afirmado hoy que el Cabildo de El Hierro apuesta por un turismo "de garrafón" y que al apoyar a la llamada ley de las islas verdes se condenará a este territorio a una devaluación irreversible de sus valores naturales, paisajísticos y patrimoniales.

Ossinisa considera en un comunicado que la eliminación de las Directrices de Ordenación del Territorio y la descentralización competencial a favor de ayuntamientos y cabildos deja en manos de pequeñas elites profesionales de la política y vinculadas al sector de la construcción "un proceso de remate y liquidación de los bienes patrimoniales".

Los ecologistas advierten de que la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma es totalmente contraria a cualquier desarrollo económico "sostenible" y supone "un retorno al caciquismo, al favoritismo empresarial y al fortalecimiento de la red clientelar perenne en la isla, apostando por un "modelo turístico y social de garrafón".

Para los ecologistas, la nueva ley solo da garantías a los especuladores, señalando que el nuevo escenario de la sociedad herreña será de meros espectadores, maniatados ante la destrucción de un proyecto de futuro, que nos despoja de cualquier herramienta legal para impedir la destrucción de nuestros recursos estratégicos.

El apoyo por parte del Cabildo de El Hierro a las nuevas leyes, tanto la "ley del suelo" como la de "las islas verdes", convertirá en solares potenciales cualquier tipo de suelo, toda una burbuja especulativa que fomentará la dispersión y el encarecimiento del suelo rústico, añade.

Se levantará una veda para la especulación en los suelos protegidos por la Red Natura 2000, pues pronostican que este nuevo modelo de planificación incrementará la contaminación de los suelos, el colapso en la gestión de residuos, la destrucción del patrimonio etnográfico y arqueológico y la destrucción del paisajes tan característicos como Las laderas de El Julan, La Dehesa, La Meseta de Nisdafe o las zonas de costas, inmersas en un proceso de descontrol urbanístico por parte de oportunistas compañías turísticas foráneas que "premiarán" con puestos de trabajo subalternos a la población local.

El hecho de que la ley establezca que los promotores de los planes insulares deban hacer una especie de "autoevaluación ambiental" es todo un despropósito, carente de las mínimas garantías de objetividad, todo un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad, añaden.

La ley del suelo será el éxito de un modelo meramente insularista y peor aún, potenciará un municipalismo caciquil propio de las "repúblicas bananeras".

Ossinisa hace un llamamiento a la población para que se sume a todas las acciones y apoye los recursos judiciales ante la Unión Europea propuestos en Canarias contra la Ley de las islas verdes y la del suelo.