El delegado del Gobierno central en Canarias, Enrique Hernández Bento (PP), terció ayer en las advertencias y temores explicitados desde la semana pasada por la consejera de Hacienda de la Comunidad, Rosa Dávila, sobre las consecuencias del cierre adelantado del presupuesto estatal, que tuvo lugar el pasado mes de julio, y negó la tesis mayor del Ejecutivo isleño: que las Islas puedan perder la más que considerable cifra de 329 millones de euros, lo que obligaría, a su vez, a anticipar el cierre de las cuentas autonómicas de este 2016, con más que posibles ajustes en áreas sensibles, como Sanidad o Servicios Sociales.

En declaraciones a este periódico, Bento recalcó ayer que, según le han trasladado desde el Gobierno central, el cierre anticipado supondrá, en todo caso, una pérdida de unos mil millones de euros, pero para todas las comunidades, para España en su conjunto.

Aunque no tiene una cifra concreta de cuánto corresponde a Canarias de esos mil millones, sí tiene claro que, en ningún caso, se acercará a esos 329 millones pendientes de ingresar en las cuentas de la Comunidad y, además, niega que vaya a afectar a áreas claves.

A su juicio, y a falta de que se concrete y confirme en la reunión prevista para hoy entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el presidente regional, Fernando Clavijo, Dávila y el consejero de Economía, Pedro Ortega, la partida que puede perder Canarias seguramente será sensiblemente inferior a esos 329 millones. Por eso, concluye que lo que ha habido en estos días, en realidad, es una especie de maniobra propagandística o "estrategia" por parte de estos miembros del Gobierno canario y, en concreto, de CC para, una vez concluida la reunión con Montoro, poder afirmar que han "impedido o evitado" que se pierdan 329 millones y que la cifra es muy inferior.

Bento recuerda el peso de comunidades mucho más grandes y que, tratándose de 17 regiones, es muy difícil que la cifra se eleve mucho si, como le indican desde Madrid, el total no supera los mil millones de euros para el territorio nacional en su conjunto.

Asimismo, deja claro que "no se verá afectado el dinero previsto para carreteras", como los 15 millones programados este año para el anillo insular, sin olvidar las partidas para áreas tan sensibles como "Sanidad, Educación o Servicios Sociales".

En este sentido, subraya que el hecho de que se haya adelantado el cierre presupuestario no significa que se eliminaran las transferencias y cantidades acordadas, y menos si se trata de cuestiones o departamentos claves. En su opinión, la reunión de hoy con el ministro no solo servirá para desmontar las tesis esgrimidas hasta ahora por el Ejecutivo canario y su temor de tener que adelantar también el cierre y aplicar "ajustes" bajo ese argumento, sino que se aclararán los criterios del Gobierno central.

Rosa Dávila, responsable de Hacienda en Canarias, replicó ayer en Radio El Día a los argumentos y vaticinios de Hernández Bento sobre la reunión de hoy subrayando que, hasta ahora, han comprobado en su consejería que faltan 329 millones de los 621 previstos entre las transferencias del Estado a Canarias.

La consejera se congratuló de lo dicho por el delegado del Gobierno, pero recalcó que no puede más que confiar solo en documentos contables y que, tras la comprobación que han hecho en los distintos departamentos de la Comunidad, aún falta por ingresar esos 329 millones, una cifra inferior a los 400 que barajaban a finales de la semana pasada pero que sigue siendo suficientemente relevante como para tener que adelantar también el cierre de las cuentas regionales y tomar decisiones drásticas para equilibrar ingresos y gastos.

La consejera también ahondó en la otra polémica de la semana, la desviación que su área le achaca a Sanidad de unos 50 millones y que podrían ser de hasta 142 millones, situación que ponen en duda grupos como NC y que Jesús Morera, responsable del departamento, matiza o contextualiza bastante. Dávila insiste en que se ha producido un sobregasto no previsto que debe salir de otras consejerías y que, por eso y porque era su obligación, lo ha advertido y buscarán soluciones.

Además, y lejos de la insistencia de Morera en que se ha reducido el número de días de las listas de espera, que es lo que considera clave, el aumento en la cifra global de pacientes para operaciones y pruebas diagnósticas demuestra que, con más presupuesto, se están obteniendo peores resultados, algo que, a su juicio, debe corregirse.