La lucha de varias plataformas sociales para que las viviendas públicas sean para las personas que las necesitan vivió ayer un nuevo episodio con la solicitud al Gobierno canario de que inste a los cabildos a asumir su "única competencia" en esta materia: la creación de unidades de policía de vivienda que inspeccionen las casas para determinar cuáles de ellas están vacías o utilizadas para fines distintos a los previstos y elaborar de esta manera un censo de las realmente disponibles.

La petición va dirigida, en concreto, al Cabildo de Tenerife, pero los nueve colectivos firmantes -entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Afectados por Visocan- sostienen que todas las corporaciones insulares deben desarrollar lo previsto en la Ley de Cabildos y encargarse de esta labor.

Inma Évora -portavoz de la Plataforma pro Derechos Sociales y Culturales de Canarias- argumentó que las instituciones insulares no gestionan parques de viviendas públicas -algo que sí hace el Ejecutivo autonómico, que también tiene atribuidas estas competencias-, por lo que pueden evitar las presiones que, a su juicio, supone el uso de estas políticas sociales para la conformación de "redes clientelares".

Los promotores de esta iniciativa han trasladado ya a la Subedelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y al Ayuntamiento de la capital la necesidad de adoptar medidas para un uso público del parque de viviendas y así evitar la falta de ocupación, la especulación, la utilización de estos inmuebles para otros fines o, simplemente, su asignación a personas que no los necesitan.

El problema es que ninguna administración dispone de un recuento preciso de cuántas casas se encuentran vacías. Ahí es donde la policía de vivienda contemplada en la normativa desempeña un papel: los agentes se encargarían de recorrer los inmuebles para realizar labores de inspección y verificación.

"Es indignante que muchas viviendas estén vacías o usadas como vertedero o almacén mientras se producen desalojos sin una alternativa habitaciones alegando que no hay viviendas públicas", expuso Borja López, de la PAH.

El retraso en el que se resuelven las solicitudes para acceder a una casa es, en otros casos, la causa de que las viviendas sean entregadas a familias que ya han dejado atrás la situación de urgencia social. Acelerar los trámites es, para las plataformas, una de las asignaturas pendientes.

las claves

Ley de Cabildos. Las administraciones insulares tienen la policía de vivienda entre las competencias que les reconoce la Ley de Cabildos. El Instituto Canario de la Vivienda también la ostenta.

Redes clientelares. Las plataformas prefieren que sean los cabildos quienes ejerzan esta función, pues al no tener parque público de viviendas se encuentran al margen de las "redes clientelares" con las que, a juicio de los colectivos, se asocia en ocasiones la asignación de recursos sociales.