El comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, intervino este viernes en comisión parlamentaria para ofrecer la evaluación que se ha realizado sobre la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015, y propuso una serie de medidas para ir más allá de las actuaciones de carácter paliativo que se desarrollaron en este periodo, e incentivar otras que aborden los elementos estructurales que han determinado los altos índices de exclusión y pobreza en las islas.

Aún así insistió en su intervención en que "a la par que se está elaborando el nuevo plan estratégico, el Gobierno ha seguido incrementado las partidas presupuestarias destinadas a la atención a las personas más vulnerables".

En este sentido, hizo alusión a los incrementos presupuestarios para atender la dependencia, las solicitudes de la PCI y en general de todas las partidas que el Gobierno de Canarias destina a las políticas de equidad en materia sanitaria, social y educativa.

Hernández valoró que las actuaciones que desarrolló el Gobierno de Canarias a través de la Estrategia entre 2013 y 2015 permitieron "aminorar los efectos de los recortes presupuestarios del Estado que contribuyó a debilitar el estado de bienestar, y aunque la estrategia incrementó todas las previsiones presupuestarias, sobre todo en PCI, no fueron suficientes para cubrir necesidades de las personas más vulnerables".

La Estrategia finalizó el 31 de diciembre de 2015 y desde esa fecha, el departamento ha evaluado las medidas que se llevaron a cabo, con un doble objetivo: valorar la continuación de las acciones que culminaron con resultados óptimos, y corregir y mejorar aquellos aspectos de la Estrategia que no alcanzaron las expectativas previstas.

En cuanto a las propuestas, el comisionado planteó entre otras cuestiones atender las demandas presupuestarias para poder dar respuesta a las familias a través de la PCI y a la par, desarrollar con el SCE las herramientas de inserción laboral.

También planteó un programa específico de atención a domicilio y aplicar criterios más objetivos en la distribución de recursos en la atención a la emergencia.

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

En materia de Dependencia y Discapacidad, demandó acometer acciones que permitan, teniendo en cuenta las necesidades de los afectados, la ejecución del cien por cien de los recursos disponibles por parte de las entidades locales, adecuando y simplificando los procedimientos y reforzando los recursos humanos.

En cuanto a medidas de desarrollo empresarial, propuso programas de subvenciones de apoyo a la empresa e incorporar programas de impulso a la inversión que estimulen el consumo y la generación de empleo, y mantener el plan de empleo social.

En materia de Infancia, el documento propone valorar la ampliación de cuota cero en los comedores escolares ordinarios, los desayunos escolares (revisando los métodos de concesión de ayudas), y mantener los comedores escolares en verano.

En el área de vivienda, se recomienda agilizar los procedimientos para dar solución a las familias y evitar desahucios, y en líneas generales, desarrollar estrategias de colaboración intradministrativa e interadministrativa que permita una mayor eficiencia en las políticas y en la gestión del gasto.

El comisionado repasó, asimismo, los resultados de las principales acciones que se realizaron en el marco de la estrategia en el ámbito económico, social, atención a la infancia, vivienda y desarrollo humano entre los años 2013 y 2015.

PLAN DE EMPLEO SOCIAL

En cuanto a las actuaciones en el ámbito económico, desglosó los principales resultados sobre las medidas de desarrollo empresarial que permitieron crear 556 empleos; el Plan de empleo Social, que en los tres años de la estrategia facilitó la contratación de 9.509 personas a través de los ayuntamientos; el programa segunda oportunidad en colaboración con los cabildos para jóvenes sin formación que contó con 23 millones de euros mejoró la empleabilidad a 4.266 jóvenes.

En el ámbito social, aportó los resultados con las ayudas para la atención de la emergencia (10.320.000 euros), la PCI, 85,5 millones de euros, 20 millones más a lo previsto en la estrategia, y 50.441 personas beneficiadas. También aludió que los servicios sociales municipales llegaron a 1.143.642 personas y 1,8 millones de atenciones específicas.

En cuanto a la atención a la infancia hizo referencia a los Comedores Escolares de Verano con una dotación presupuestaria de 2.500.000 euros, que fue una medida pionera en el ámbito nacional desarrollada por los ayuntamientos, junto a las áreas de Empleo y Educación, y se implementaron los desayunos escolares que llegaron a 24.288 alumnos.