La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, negó ayer en sesión plenaria que el Ejecutivo regional deba 1.000 millones de euros a promotores turísticos por la moratoria de 2009. "El Gobierno no adeuda absolutamente nada", afirmó.
Así lo aseguró en comparecencia parlamentaria, a raíz de las demandas por la moratoria turística por las que diversos empresarios turísticos reclaman indemnizaciones valoradas en 1.000 millones de euros tras varias sentencias del Tribunal Supremo (TS).
La consejera dijo que esas sentencias "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir compensaciones millonarias", pues lo que ordena el Tribunal Supremo es "la tramitación de los expedientes que fueron objeto de silencio administrativo".
En ejecución de esas sentencias, explicó la responsable de Hacienda, el Gobierno tendrá que iniciar de oficio la descalificación de los suelos y, solo si procediera, compensar a los promotores de los proyectos. Una vez finalice dicho proceso, el Ejecutivo analizará "caso por caso" si correspondiera alguna indemnización, añadió.
Rosa Dávila aclaró que de los 54 expedientes administrativos incoados tras la entrada en vigor del artículo 7.1 de la Ley de Medidas Urgentes se mantienen 37 sobre los que el Gobierno tiene que reiniciar el procedimiento.
La consejera adelantó que el Ejecutivo canario "va a discutir hasta el último céntimo en defensa del interés público en todos y cada uno de los expedientes; y en el caso de que al final haya que indemnizar, aseguró que vigilará que las cuantías sean "las que correspondan por justicia".
El diputado Román Rodríguez, de NC, admitió que la Ley de Medidas Urgentes fue una norma "confusa y compleja" que ha generado "muchos problemas"; sin embargo, criticó que las expectativas de derechos que generaba su artículo 7.1 no fueran atendidas por el gobierno de entonces. Según Rodríguez, el actual Ejecutivo no ha gestionado este asunto "de forma debida", pues tras las sentencias del Supremo "no ha hecho la tarea de revisar los 45 casos".
La Cámara pide potenciar la industria de los drones
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del grupo Socialista, que aceptó enmiendas de Podemos, para pedir al Gobierno regional que potencie el establecimiento de una industria de dispositivos no tripulados (drones) en las Islas, informa Efe.
También se solicita promover e involucrar a las zonas especiales canarias para que incluyan en sus objetivos estratégicos a los drones como industria de valor agregado y promover un fondo específico de financiación.
Por medio de esta proposición se reclama crear un registro de empresas de drones y pilotos operadores en Canarias y que se pida al Gobierno central la modificación del decreto ley en vigor para que incluya las singularidades insulares.
El diputado del grupo socialista Gabriel Corujo recordó que, según la UE, para 2050 se crearán en Europa 150.000 puestos de trabajo relacionados con los drones.