El exalcalde socialista de Arrecife José Francisco Montelongo se enfrenta a 10 años de cárcel y el interventor municipal Carlos Francisco Sáez Melero a 27 años y medio de prisión por su presunta implicación en la trama corrupta conocida como el "caso Montecarlo".

Esta trama se compone de tres piezas sobre las que el fiscal Ignacio Estampa ha interesado la apertura de juicio en la Audiencia de Las Palmas contra sus diecinueve implicados: funcionarios, ediles y empresarios, que se pusieron de acuerdo indistintamente con el principal acusado, el interventor Sáez Melero, para saquear dinero del Ayuntamiento de Arrecife, en los tres casos, y de San Bartolomé y La Oliva, en uno de ellos, entre los años 2008 y 2012.

En dos de las piezas está implicado el exalcalde de Arrecife José Francisco Montelongo, quien dimitió el pasado mes de abril a los pocos días de formalizarse su procesamiento por el juez Ricardo Fiestras, como presunto autor de dos delitos de prevaricación y otros tantos de fraude y malversación presuntamente cometidos cuando fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento.

El fiscal interesa cuatro años y medio de prisión para Montelongo por su implicación en la pieza referida a la sociedad Tunera Producciones, que de manera "arbitraria y fraudulenta", consiguió el abono por parte del Ayuntamiento de Arrecife, solo entre los años 2009 y 2012, la cantidad mínima de 3,2 millones de euros, de los cuales 121.182 euros obedecen a pagos por servicios no prestados.

Así mismo, Montelongo se enfrenta a otros seis años de cárcel por la pieza referida a las sociedades mercantiles Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon SL) y Señalizaciones Conejeras (Señalcon), a las que se abonó fraudulentamente entre los años 2008 y 2012 la cantidad mínima de 3,4 millones de euros y 135.199 euros, respectivamente, de los cuales corresponden a servicios no prestados un mínimo de 757.675 y 84.119 euros, respectivamente.

En ninguno de esto dos casos, en los que están implicados un total de 15 imputados, consta que la corporación, personada como acusación particular como perjudicada, haya instado procedimiento alguno de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas ni se exigencia de responsabilidad hacia sus presuntos responsables, según hace constar el fiscal.

El interventor de Arrecife además figura como el principal acusado en la tercera trama referida a los años comprendidos entre 2008 y 2012, cuando se puso de acuerdo, según el fiscal, con el también exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez Sánchez y con los acusados José Vicente Montesinos Ramírez y Javier Betancor Tubau para detraer ilícitamente fondos de los ayuntamientos de la capital de la isla, de San Bartolomé y de La Oliva (Fuerteventura).

El edil de Hacienda colaboró en el caso de Arrecife para que se adjudicaran a las empresas Gestecal, Recingest y Progestril, propiedad de Montesinos, numerosos contratos de asesoramiento financiero al Departamento de Compras del Consistorio entre los años 2008 y 2009, que se procuraron que fueran por cantidades inferiores a los 18.000 euros para evitar la obligación de sacar esos concursos a licitación pública.

Según concluye el fiscal, las cantidades defraudadas por el interventor y Montesinos a los tres ayuntamientos asciende a 335.369 euros, y además se utilizaron las facturas abonadas por el Ayuntamiento de Arrecife a las empresa Progestril para amortizar un préstamo hipotecario por, al menos, la cuantía de 71.811 euros.

El Ministerio Público solicita en esta pieza las mayores condenas del "caso Montecarlo", ya que reclama un total de 15 años y seis meses de prisión para el interventor Sáez Melero y otros tantos para el empresario José Vicente Montesinos.

El exedil de Hacienda, en quien el fiscal aprecia la atenuante de reparación del daño y la muy cualificada de colaboración, se enfrenta a un año de prisión, mientras que el cuarto imputado, Betancor Tubau, a cinco años y 10 meses de cárcel.

En esta pieza, el fiscal observa un delito de blanqueo de capitales, además de los continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de caudales públicos y contra la administración de justicia en su modalidad de deslealtad profesional.

Los delitos continuados de fraude, malversación de caudales, falsedad de documento y prevaricación administrativa también los advierte en las otras dos causas, si bien la participación de sus imputados en algunos casos es de inductor o cooperador.

Además, el fiscal ha interesado el sobreseimiennto provisional parcial del caso para V.M.B. L., que estaba imputado en la causa referida a Inelcon y Señalcon.