La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Teresa Cruz Oval, ha abogado una nueva política en este área basa en acciones contundentes "frente a la crueldad del desahucio".

Así, entendió que "frente a la demoledora inacción del Gobierno del PP en materia de vivienda, la Consejería de Políticas Sociales está actuando con contundencia desde el primer momento para lograr limitar las consecuencias más crueles del drama del desahucio y poner las bases para poder afrontar el futuro con más garantías".

En un comunicado, recordó que el Ejecutivo de Rajoy ha permitido que el Instituto Canario de la Vivienda pasara de recibir 100 millones de euros en 2011 a 60 millones.

También añadió que en 2011 se calificaron en Canarias 636 viviendas protegidas de acuerdo con los planes de vivienda estatales y autonómicos, pero en 2014 la cifra caía hasta 184, según datos del Ministerio de Fomento, "lo que pone de manifiesto el escaso interés del Gobierno de Rajoy por impulsar políticas de vivienda".

Por su parte, explicó que el PSOE considera que ante los desahucios no se ha estado a la altura de las circunstancias y, además, hay "dos bandos": los que defienden a los afectados y los que defienden a las entidades financieras.

"La Comunidad Autónoma de Canarias consideró que era fundamental intervenir para revertir lo que consideraba una situación injusta, y de este convencimiento nace la Ley Canaria de Vivienda, que pretendía ser un instrumento que diera respuesta y corrigiera desequilibrios, pero que el PP ha creído oportuno recurrir y paralizar", aseveró.

Por ello, la parlamentaria apostó por resolver, en función de las disponibilidades presupuestarias, la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas correspondientes a las anualidades 2015-2016, para atender prioritariamente a las familias con escasos ingresos y que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social.

Asimismo, defiende la activación de programas de intermediación en el mercado del alquiler y la compraventa, como línea estratégica del nuevo Plan de Vivienda, para contribuir a reducir el fenómeno de la vivienda vacía en Canarias, combatiendo la especulación y poniendo en el mercado del alquiler social una parte de las viviendas que actualmente se encuentran desocupadas y no están cumpliendo el fin social de la propiedad.

Finalmente, apostó por reforzar el Servicio de Inspección y Disciplina de Vivienda, de acuerdo con lo previsto en los artículos 101,102 y 103 de la Ley de Vivienda de Canarias, con el fin de detectar, comprobar y registrar las viviendas que se encuentran en situación de permanente desocupación.