El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará la grabación de la conversación entre el magistrado Salvador Alba -sustituto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de la exdiputada de Podemos Victoria Rosell- y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento penal en este órgano.

Ramírez, presidente del UD Las Palmas y autor de la citada grabación, es el mismo al que investigaba antes de su marcha a Podemos la propia Rosell por presuntos delitos contra la seguridad social.

Las presuntas irregularidades cometidas por la exdiputada en la instrucción del procedimiento contra Ramírez le han valido la apertura de una causa en el Tribunal Supremo por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso basándose, precisamente, en un informe en el que Alba denunciaba de forma muy contundente a su predecesora.

Lo que hizo ayer el órgano de gobierno de los jueces es incorporar grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre el magistrado Salvador Alba y Ramírez a unas diligencias informativas que había incoado hace unos días a raíz de la denuncia presentada por la juez Rosell contra el primero de ellos, que se refiere a los mismos hechos.

Ahora, el Consejo General del Poder Judicial deberá determinar si del contenido de esa conversación se desprende la comisión por parte de Alba de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como deducir si los hechos tienen relevancia penal. En ese caso, la investigación se pondría en manos de la Fiscalía.

Salvador Alba negó ayer haber ofrecido favores judiciales a Ramírez para acabar con la trayectoria de la exdiputada y juez.

El empresario asegura haber presentado en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas la información sobre la conversación privada con el magistrado y donde el juez le habría confesado su "ánimo de acabar con la carrera de la hoy exdiputada de Podemos" y presuntamente la habría ofrecido "toda suerte de favores procesales si imputaba a Victoria Rosell actividades irregulares".

En un comunicado, Alba asegura que "nunca" ha tenido encuentro privado "de ninguna clase" con Miguel Ángel Ramírez, y que sus contactos "han sido, en todo caso, públicos y en sede judicial".

Por su parte, Victoria Rosell consideró ayer de una "gravedad inusitada" el contenido de las grabaciones del juez Salvador Alba, al mismo tiempo que vinculó al exministro José Manuel Soria con esta "maniobra" en su contra.

La Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer el reingreso al servicio activo de Rosell, así como el de Dolores Galovart (PSOE). Ambas habían solicitado reincorporarse a la función judicial una vez cesaron en su cargo como diputadas tras la disolución de las Cortes Generales.

También en relación a este caso, el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) afirmó ayer que estudia pedir prisión provisional y sin fianza Miguel Ángel Ramírez ante el temor a que destruya pruebas de su caso por supuesto fraude fiscal y a la Seguridad Social y por "intentar corromper" a los dos jueces que lo han instruido hasta ahora, informa Efe.