Los cabildos han inscrito 792 viviendas vacacionales de las 2.496 solicitudes presentadas, según los datos que las propias corporaciones insulares -salvo la de Lanzarote- han facilitado a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).
Las cifras fueron expuestas en la reunión promovida por este colectivo y celebrada el pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife con la participación de empresarios, administraciones, asociaciones y colegios profesionales. A través de un comunicado, Ascav ha alertado de que los inmuebles inscritos se encuentran en situación ilegal desde que el Gobierno regional aprobó el decreto que regula esta actividad. Esta normativa, alega, no solo no llevó las viviendas vacacionales "de la alegalidad a la legalidad", sino que las ha hecho caer, en su mayoría, "en la más absoluta ilegalidad" al prohibirlas en las zonas turísticas.
Durante el encuentro -moderado por los profesores de la Universidad de La Laguna Moisés Simancas y Ricardo Díaz-, la asociación propuso que al decreto se le añada, "con carácter urgente", una disposición transitoria que permita autorizar toda la oferta "consagrada" que pueda acreditar su dedicación a esta actividad y su calidad para, de esta manera, "proporcionar cuanto antes seguridad jurídica, tanto a los propietarios y profesionales del sector como, sobre todo, a los usuarios en un destino turístico tan maduro como es Canarias".
A juicio de Ascav, "no tiene sentido" prohibir esta oferta cuando ya diversas instancias -desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta varios juristas- han advertido de que el decreto incurre en varias irregularidades y la propia Consejería de Turismo del Gobierno autonómico ha confirmado su voluntad de modificarlo, aunque todo apunta que para este cambio se esperará a la aprobación de la Ley del Suelo.
Tras dar ese paso, el Gobierno debería -según este colectivo- evaluar junto a todos los sectores, incluyendo ayuntamientos y cabildos, la oferta reglada "real" y consensuar un modelo de regulación que "respete no solo la creciente demanda, sino también los derechos de las partes implicadas".
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional se comprometió a mantener "una postura flexible, consensuada y constructiva" hacia todas las partes, al tiempo que se mostró dispuesta a modificar la modalidad del alojamiento y desayuno ("bed & breakfast") y a estudiar la posibilidad de excluir "el derecho de ofrecer en las viviendas vacacionales los servicios propios de la actividad hotelera", como la alimentación y la animación.