El abogado José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, valora la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que plantea la posibilidad de desafectar algunos núcleos costeros canarios como dominio público, pero espera que esta consideración sea extensible al resto de los núcleos urbanos consolidados del archipiélago, cerca de 70, según datos del Gobierno de Canarias.

Para que esto pueda llevarse a cabo, y según se contempla en la Ley de Costas, señala la asociación, estos deben acreditar su condición de núcleos urbanos consolidados presentando la documentación que demuestre que estas zonas son "áreas de viviendas consolidadas con anterioridad a la Ley de Costas de 1988" y que cuentan con la infraestructura de alumbrado, agua o comunicaciones que así lo atestigüe.

La sentencia del TC recoge que aquellos núcleos que llevan años modificados por la mano del hombre y que "resultan absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público terrestre" podrían verse desafectados en la Ley de Costas, "lo que supone la amnistía para muchas zonas de Canarias aún amenazadas por la Ley y por las que la plataforma lleva luchando desde hace más de diez años", asegura Langa.

El Constitucional da respuesta a un recurso formulado por el Gobierno de Canarias que consideraba que la excepción establecida para los 12 núcleos suponía un agravio comparativo para el resto de los enclaves que cumplieran las mismas condiciones.

En esa línea, reconoce que es "discriminatorio excluir del dominio público marítimo-terrestre a los doce núcleos costeros enunciados en la ley estatal y mantener dentro de él a los otros núcleos costeros que son igualmente innecesarios para la protección del litoral", supuesto que afecta a muchos núcleos canarios.

ENCLAVES DISCRIMINADOS

El Gobierno canario aludía como enclaves de las islas que podían verse discriminados a Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria); El Golfo, en Yaiza (Lanzarote); Robinson, en Pájara (Fuerteventura); Pozo de Las Calcosas, en Valverde (El Hierro); La Bombilla, en Tazacorte (La Palma); y Bocacangrejo, en El Rosario (Tenerife).

Sin embargo, el letrado afirma que "que hay más de 70 núcleos afectados y que, bajo el mismo criterio, deberían quedar desafectados por estar habitados desde antes de la Ley de Costas de 1988".

La asociación señala que la última batalla ganada a favor de las más de 150.000 personas que pueden estar afectadas por la ley es la creación de una Comisión Mixta entre la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, que, junto a los cabildos, ayuntamientos, la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas, estudiará caso por caso cada zona posiblemente afectada en Canarias y así poder hacer traslado al Estado.