La Plataforma por la Dignidad denunció ayer, junto a dos afectados, que no se ha advertido a todos los pacientes ni reemplazado las prótesis de cadera defectuosas de la marca DePuy (filial de Johnson & Johnson).
El abogado Emilio Ortiz afirmó a este periódico que calcula que puede haber un centenar de afectados por estas prótesis defectuosas en Canarias. Su bufete lleva a media docena de pacientes canarios a los que les colocaron estas prótesis realizadas en una aleación de cromo y cobalto. "El roce o fricción del material protésico en dos de sus elementos puede provocar la liberación de iones en sangre, micropartículas de cromo y cobalto, que al entrar en el torrente sanguíneo pueden ser, a determinados niveles, nocivas para la salud", detalla el letrado.
Aunque se emitió un comunicado desde la Agencia Médica Española desde 2010, estos pacientes no fueron en ningún caso contactados por el centro hospitalario del norte de Tenerife donde se intervinieron.
Así lo aseguró Juan Zerpa, quien logró que le reemplazaran la prótesis en 2013. "Me enteré por casualidad, porque un familiar mío me dijo que había leído algo en la prensa". Juan relata que pidió su expediente médico al centro hospitalario privado donde le intervinieron y que, para su desgracia, tenía una de las prótesis DePuy. Desde 2008, cuando sufrió un accidente laboral y fue derivado al centro por la mutua, hasta 2013, se estuvieron liberando esas partículas nocivas en su cuerpo.
Javier es otro de los afectados que están pendientes de operación. "Llevo tres años con el problema y dos desde que me puse en contacto con el Servicio Canario de Salud". En su caso, asegura, fue derivado desde la Consejería de Sanidad a este centro privado concertado para que le pusieran la prótesis. Esta le fue instalada en 2006 y en 2008 comenzó a sufrir problemas, sin saber a qué achacarlos.
Emilio Ortiz Abogados asegura que "existen un total de 93.000 personas afectadas por estas prótesis en todo el mundo. En España son 70 los centros hospitalarios afectados, con un numero elevadísimo de personas, según las mercantiles 1.300, y según otras fuentes más de 3.000".
Estos dos pacientes canarios han demandado por daños y perjuicios, pero aseguraron ayer que han querido dar la cara por si existen más personas que puedan estar afectadas y con las que ningún responsable del centro hospitalario privado se haya puesto en contacto.
Este periódico solicitó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias información sobre estas denuncias, pero no obtuvo respuesta.