Aunque el Gobierno regional volvió ayer a lamentar los perjuicios de los presupuestos del Estado de 2016 para con Canarias y el hecho de que se trate por igual a las comunidades que han cumplido con los objetivos de estabilidad y a las que no, hay un motivo de satisfacción que se traduce en un premio de 54 millones a ahorrar durante los próximos años. Así lo explicó en la sesión plenaria de ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, al referirse a los mil millones de euros que las Islas tendrán mediante un nuevo crédito que, eso sí y por el rigor autonómico con la deuda en los últimos años, tendrá un interés del 0% los tres primeros ejercicios, otros dos años de carencia y el tipo más bajo posible desde entonces.
Dávila (CC) aprovechó así la pregunta que le hizo su compañero de partido José Manuel Pitti sobre las ventajas de la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera 2016 para resaltar la gestión de los últimos años. Sin embargo, inmediatamente después lamentó los perjuicios que tienen los nuevos presupuestos estatales para el Archipiélago.
Según desgranó en parte la consejera, información luego complementada a EL DÍA por su gabinete de Prensa, de esos mil millones se destinarán 591,56 a vencimientos de deuda pública previstos para 2016. Otros 218,59 irán a cumplir también con lo fijado en el Fondo de Liquidez Autonómico de 2012 y 2013; unos 120 para el déficit público autorizado para el próximo ejercicio, si bien la cifra final depende de la revisión del PIB, y otros 100 a las devoluciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009 y al pago a proveedores.
Pitti felicitó a Dávila después de que esta resaltara que Canarias y Aragón son las únicas regiones que disfrutarán de estas ventajas por cumplir con la estabilidad, aparte de que permitirá no desarrollar ningún plan de ajuste en dos años.
No obstante, la consejera, en línea con otras intervenciones precedentes y posteriores (como la del socialista Lavandera), enseguida recalcó que no se trata de un regalo, "pues hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para cumplir". Además, criticó con fuerza que lo que se logra con esta figura, se pierde con el techo de gasto fijado por el PP nacional para 2016 y la obligación de rebajar el déficit del 0,7 al 0,3 %. Esto se traduce en unos 160 millones que, según coincidieron los partidos que sustentan el gobierno regional y el resto de la oposición, con la lógica salvedad del PP (por lo menos ayer, aunque también han criticado las cuentas del Estado para las Islas), perjudicarán claramente al Archipiélago y suponen una "injusticia" por no aplicarse diferenciaciones entre quienes cumplieron los objetivos de deuda, de estabilidad y la regla de gasto y las comunidades que no lo hicieron.
El ITE vuelve a enfrentar a Clavijo y Román
El pleno se abrió ayer con unas siglas que se han puesto más de moda que nunca: ITE (Impuesto de Tráfico de Empresas). El portavoz de NC, Román Rodríguez, arremetió con dureza (ahondó en sus argumentos casi de noche) contra el presidente Clavijo, al que le achacó que "le haga el juego" al PP mientras la diputada nacional de CC, Ana Oramas, critica que el tratamiento del Estado para con Canarias haya retrocedido 30 años desde 2011. El expresidente insistió en que el acuerdo con el Gobierno central sobre los 180 millones se hace "sobre la nada", advirtiendo en declaraciones a EL DÍA de que tampoco le convence que solo se pudiera hacer a través de un crédito extraordinario para que ese dinero no se derive por ley a vencimiento de deuda de las administraciones.
Clavijo fue también contundente al subrayar que quiere ese dinero para planes de activación económica con actuaciones concretas a acordar con cabildos y consistorios. Eso sí, dio por hecho que, haga lo que haga, habrá quien se oponga por "buscar solo el ruido", en clara alusión no solo a Román, sino al presidente del Cabildo grancanario. Por ello, remarcó que, si el PP le engaña, lo admitirá y criticará, pero, de lo contrario, instó a NC a hacer lo propio. Por la tarde, Dávila reforzó sus tesis y dijo que, de 2002 a 2015, el ITE le ha restado a Canarias 2.700 millones.
Tras Rodríguez, Australia Navarro (PP) le pidió al gobierno que aplique los criterios del REF para repartir el dinero del ITE y no la triple paridad. Navarro recordó que la Fecai respaldó eso en 2006 y resaltó que, si bien se puede discutir, hay que cumplir la ley. Clavijo reiteró el riesgo de que se derive a deuda, mientras Lavandera (PSOE) avisó de que el dinero no es aún seguro.
Sube el tono con las casas de Visocan de La Cuesta
El resto del pleno casi no, pero las primeras intervenciones, con Román Rodríguez y la portavoz de Podemos, Noemí Santana, sí crearon cierta tensión entre gobierno y oposición. La líder regional del partido de Iglesias censuró a Clavijo por no reunirse con los afectados por las casas de Visocan en la zona lagunera de La Cuesta. Le preguntó si una empresa pública puede incumplir la ley y ejercer de inmobiliaria "sin concurso, anuncios ni publicación en el BOC", al tiempo que criticó el aval solidario obligatorio que se impone y que, a su juicio, se topa con sentencias en contra a distintas escalas. Asimismo, aludió a casos en los que se paga más de alquiler que lo que se percibe de la PCI, criticó cómo se evalúa cada caso y puso muy en duda cómo funciona el Instituto de la Vivienda, lo que desató aplausos de afectados presentes, a los que la presidenta de la Cámara pidió que desistieran al no estar permitido. También contundente, aunque en su habitual tono suave, Clavijo negó que Visocan cometa ilegalidades en esto, "pues se trata de viviendas privadas". Dijo que cada caso se analizará por separado, que se reunirá con los afectados cuando conozca a fondo el asunto y que se debe aplicar el rigor y no denunciar sin pruebas. "Lo que se pretende es que nadie se quede en la calle con un desahucio", recalcó.
500.000 euros y un plan para el coche eléctrico
Tras una intervención del diputado Gustavo Matos (PSC) que pedía información sobre el fomento del coche eléctrico, el consejero de Economía, Pedro Ortega, anunció que, en 2016, se destinarán 500.000 euros a subvencionar la adquisición de este tipo de vehículos y a que aumente el número de recargadores energéticos, así como un plan para promocionarlo en el turismo, la compra pública, alquileres... En su exposición, reforzada luego por otros grupos, Matos recordó el fraude de Volkswagen con 12 millones de coches manipulados sobre sus emisiones y que, en Canarias, la media de vehículos por mil habitantes es de 600, mientras que, en la Península, 450. Indicó que hay 1,1 millones de coches, 80.000 4x4 y 75.000 motos que emiten 7 millones de toneladas de CO2 al año, por lo que apuesta por los eléctricos en su binomio con la energía limpia. Por otro lado, y aunque le costó, Román Rodríguez logró que la consejera de Obras dejara claro que nunca permitirá que los cabildos asuman las competencias sobre carreteras.