El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció ayer la decisión adoptada por el Gobierno ante las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ordenan la demolición de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. En aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha adoptado una solución indemnizatoria por justiprecio a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, informó de esta decisión al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en un reunión mantenida ayer, a la que también asistió la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento.
Según afirmó el secretario de Estado de Cultura, con esta decisión "la Biblioteca queda salvaguardada. Se trataba de evitar que una biblioteca, con una importante inversión pública que se había hecho, pudiera verse derribada y, por ello, afectado el interés general vinculado al servicio público que presta la propia biblioteca".
Añadió que "al mismo tiempo se ha buscado atender el derecho subjetivo que tenían las partes recurrentes y que la sentencia judicial reconocía, y que a través del justiprecio correspondiente y la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa por un lado, y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por otra, atiende y satisface plenamente".
El secretario de Estado de Cultura agradeció "el compromiso con la defensa del interés general del Estado" del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "en la resolución de una situación que afectaba a un servicio público tan importante como es la atención bibliotecaria a los ciudadanos" de esta ciudad.