La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa Lorenzo, ha ofrecido este miércoles "mucho diálogo" para poder defender todos los derechos de las personas que viven en zonas turísticas, descartando entrar en "confrontación" y trabajando "codo con codo".
En una comparecencia parlamentaria a solicitud del Grupo Popular, ha descartado crear "alarmas innecesarias", y ha reconocido que la residencialización de las zonas turísticas se debe a la "obsolescencia" de los destinos maduros.
Según Lorenzo, la situación es "compleja" y no se va a resolver "de la noche a la mañana", al tiempo que ha pedido "pensar en las personas, no solo en el territorio", y entendiendo que cada núcleo tiene características singulares.
En su opinión, no se trata solo de "temporalidad" sino también de entender las diferencias entre una ciudad turística y residencial, y por ello, ha demandado la creación de un estudio para poder delimitar y acotar el problema.
No ha ocultado que se puede hacer la conversión definitiva a uso residencial en algunas zonas si fuera necesario o revisar las normativas, pero ha advertido de que son medidas que se deben resolver desde el "consenso". "Nada es inamovible y escucharemos a todas las partes", ha destacado.
El diputado del Grupo Popular, Miguel Jorge, ha dicho que el derecho a la propiedad está en la "cúspide" de los derechos del ser humano, conjugándolo con las normas en materia turística, y en el PGO de San Bartolomé (Gran Canaria), Gesplan "la ha liado".
Ha dicho que "no es fácil" resolver esta cuestión que afecta a las propiedades de miles de ciudadanos, con distintas casuísticas que se entremezclan, complejos donde conviven turistas y residentes, multipropiedades o alquileres, y entornos que no están adaptados a sus demandas.
Según Jorge, el PGO de San Bartolomé se redactó "en un despacho y no en la calle" --emulando las palabras del presidente canario, Fernando Clavijo--, y dijo que el problema se ha extendido por varias zonas de las islas como Puerto de la Cruz, Corralejo o Puerto del Carmen.
Por el Grupo Mixto, Jesús Ramos ha señalado que hay actividades que "eluden" la normativa turística, lo que genera inseguridad jurídica y deterioro de calidad, "con hoteles y apartamentos que no se han renovado" pero han sido una "oportunidad" para el desarrollo de la economía sumergida en forma de alquiler de vivienda.
Román Rodríguez, por Nueva Canarias (NC), ha dicho que el problema "se veía venir" porque la aplicación de la norma de separación entre suelo turístico y residencial "deja mucho que desear", y ahora, hay que manejar una "difícil situación" porque se deben "compatibilizar".
Ha criticado que Gesplan ha hecho un planeamiento "en los despachos", y ha abogado por permitir la convivencia "donde sea posible" y si no, cambiar el suelo a tipo residencial.
Asunción Delgado, de Podemos, ha pedido una "renovación" de las zonas turísticas elevando la calidad del destino, pero teniendo en cuenta "a la gente" que vive ahí con "incentivos" para la renovación pero sin "echarla de sus casas".
RIQUEZA, MAL REPARTIDA
Ha apoyado la "redistribución" de la riqueza en el sector y que se acaben los "monopolios" de las cadenas hoteleras, que aumentan sus beneficios sin correspondencia con la creación de empleo. "La riqueza del PIB es solo para algunos empresarios", ha destacado.
Rosa Cabrera, del Grupo Socialista, ha pedido fijar criterios concretos entre las zonas turísticas y residenciales, y ha remarcado que es un "desafío" orientar la residencialización, por lo que ha pedido un "control estricto" del Ejecutivo.
Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha dicho que hay "bastante alarma" y "mucha desinformación", especialmente en San Bartolomé de Tirajana, y ha agradecido la oferta de "diálogo" de la consejera con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento.
Ha pedido "todos los esfuerzos" para buscar soluciones ya que está "sobre la mesa" el destino turístico.