El Gobierno de Canarias impulsará la universalización de la asistencia sanitaria, volviendo a atender a inmigrantes irregulares y otros colectivos excluidos de ella años atrás, como "una prioridad absoluta", según aseguró ayer su director general de Salud Pública, Ricardo Redondas.
"La universalización de la salud es una prioridad para este Gobierno", que tiene "una intención clara de hacer llegar a toda la población los servicios de salud para que, de forma efectiva, el derecho a la salud sea una realidad en Canarias", afirmó Redondas, cuyas palabras han sido refrendadas por el consejero de Sanidad, Jesús Morera.
Consejero y director general, que han hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras un acto de toma de posesión de varios nuevos cargos del Departamento de Sanidad celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, matizaron, en todo caso, que ese objetivo no se hará realidad de forma inmediata, debido a que conllevará gestiones previas.
"Todas estas cosas llevan sus plazos", dijo Morera, que señaló que "estas decisiones no se pueden tomar alegremente" porque primero habrá que analizar cuestiones como a qué cantidad de personas beneficiará la medida y qué coste tendrá esa decisión para las arcas públicas.
Para ello, "estamos haciendo los estudios sobre el impacto que va a tener" como primer paso, para luego decidir de qué forma se acometerá el proyecto, añadió.
Ricardo Redondas insistió, no obstante, en que el trabajo para conseguir esa meta "empieza desde ya", puesto que "es una prioridad absoluta que la población que reside en Canarias tenga un acceso digno y en condiciones de equidad a los servicios de salud".
Si bien puntualizó que hay factores que impiden actuar con inmediatez al respecto, como que el decreto del Gobierno de España por el que se retiró la tarjeta sanitaria a miles de personas "excluye a mucha población, no solo a los inmigrantes", así como que, a la hora de determinar cuántos son los afectados "la cuantificación es muy difícil".
De una forma particular esto se da en el caso del colectivo de los inmigrantes irregulares, ya que, "por definición, es una población que no consta en una base de datos, en un registro, como para poder cuantificarlo". A ello agregó que el caso de estos extranjeros "preocupa especialmente".