La Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa ha presentado la tercera denuncia ante el juzgado de Valverde contra el Cabildo de El Hierro por un delito ecológico ante la mala situación de los residuos del vertedero de La Dehesa.

Los ecologistas recuerdan que la instructora del caso ha unificado en una causa común las diferentes denuncias de los vertederos incontrolados de La Dehesa, El Majano, La Cumbrecita y una chatarra clandestina situada en sus aledaños, por la pésima y opaca gestión del Cabildo de El Hierro para con los residuos generados en la isla.

El Juzgado de Valverde ha dictado tres autos imponiendo medidas cautelares urgentes como el precintado de las zonas de vertido que, en el caso de La Dehesa, se sitúan dentro de un enclave que reúne varias figuras de protección como son Espacio Natural Protegido (ENP), Zona de Especial Conservación (ZEC), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

En el caso de La Cumbrecita y la chatarra próxima, se trata a su vez, de un Suelo Rústico de Protección Paisajística.

Según explican los ecologistas, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) suma a este procedimiento cinco expedientes sancionadores de 60.000 euros cada uno, impuestos al Cabildo de El Hierro y a la chatarra.

Para mayor gravedad, la Comisión Europea emitió en el año 2013 un dictamen solicitando el cierre inmediato del vertedero de la Dehesa, dándole un ultimátum al Estado Español en el año 2014.

La pasividad de las autoridades ha llevado a Bruselas a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no acabar, entre otros, con los vertederos ilegales de El Hierro.

Según Ossinisa, el llamado Complejo Medioambiental de La Dehesa, dotado de una celda de vertido, fue construido por el Gobierno de Canarias en el año 2003 y cedido al Cabildo de El Hierro, quien debía solicitar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para que su gestión se ajustara a la ley, sin embargo, ésta nunca se solicitó.

Tras la construcción de una segunda celda de vertido en el año 2012, se solicitó la AAI y esta fue aprobada por el Gobierno de Canarias.

Sin embargo, el Cabildo de El Hierro nunca vertió en ella y siguió enterrando los residuos directamente en el suelo sin ninguna garantía medioambiental.

No sería hasta el año 2014, y tras la denuncia de Ossinisa, cuando dicha celda se empezó a utilizar.

Los ecologistas alertan de que, si las autoridades continúan con la pasividad ante la obligatoriedad del cumplimiento del dictamen de la UE, además de continuar causando importantes daños al medio ambiente, habrá sanciones que deberán pagarse con dinero público.