El contencioso entre la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias en torno a la cancelación del contrato-programa -el acuerdo plurianual mediante el que el Ejecutivo financiaba a las instituciones académicas de la Comunidad Autónoma- amenaza con prolongarse durante meses o, incluso, años más.
La ULL no prevé entablar una negociación con la Administración después de que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anulase una anterior del Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba al Gobierno a pagarle 26 millones de euros, sino que esperará a que el tribunal autonómico, que debe volver a juzgar el caso, se pronuncie, y confía en que, como la primera vez, le dé la razón.
El TSJC había atendido los argumentos de la Universidad, que se había remitido al antecedente de la Complutense de Madrid, ganadora en un proceso similar porque la Justicia entendió que la ruptura de su acuerdo financiero con el Gobierno de esa comunidad equivalía a la de un convenio entre administraciones.
Ese criterio ha sido empleado por el Supremo en cinco fallos relacionados con las universidades madrileñas. En cambio, ha concluido que el caso de la ULL no es el mismo, o al menos que el TSJC no ha entrado a analizar las diferencias que, según el Gobierno regional, existen entre ambos.
Tras el recurso presentado por la Universidad tinerfeña, el Ejecutivo adujo que los propios presupuestos de la Comunidad Autónoma demostraban la inviabilidad de satisfacer lo recogido en el contrato-programa. El TS atiende este argumento e insta al tribunal autonómico a analizar las alegaciones del Gobierno y volver a emitir sentencia.