La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (AEHTF) corre peligro de desaparecer al no poder hacer frente a una deuda de 400.000 euros por el incumplimiento de un contrato de patrocinio que la patronal no pudo llevar a cabo por "causas ajenas a la entidad".

El presidente de la Asociación, Antonio Hormiga, ha explicado en un comunicado que se trata de una deuda "totalmente injusta", la que reclama el Tribunal de Cuentas y que imposibilita la continuidad de las actividades para las que fue constituida.

El proceso comenzó en 2004 con motivo de la celebración del Open de España de Golf y la negativa de uno de los colaboradores del evento a que la AEHTF pudiera hacer uso de los espacios publicitarios a los que hacía referencia el contrato de patrocinio.

Por espacios, la patronal majorera esperaba recaudar unos ingresos por valor de 240.000 euros "que nunca entraron en las arcas de la AEHTF", ha insistido Hormiga.

El incumplimiento del contrato motivó que el Cabildo de Fuerteventura procediera a la reclamación -"injustificada", según los empresarios- de una deuda que asciende, con los intereses, a unos 400.000 euros y a la que no pueden hacer frente, ha explicado el empresario.

Tras haber agotado todas las acciones administrativas, la Agencia Tributaria de Canarias ha iniciado procedimiento de embargo.

Hormiga dice que resulta "imposible" continuar ejerciendo la actividad que consta en los estatutos de la organización ni cumplir con los fines establecidos y tampoco puede esperar a que la Justicia resuelva el contencioso, "porque puede tardar años".

Por este motivo, la AEHTF ha convocado a sus asociados a una Asamblea General el próximo 9 de julio para debatir la conveniencia de disolver la entidad.

Según el presidente de los empresarios hoteleros, posiblemente, "haya que adoptar una decisión dolorosa, pero es la única vía que queda".

A su juicio, esta situación "es increíblemente absurda" ya que "se carece de causa al haber sido imposible por nuestra parte cumplir el contrato" y ha recordado que "no estamos hablando de malversación de caudales públicos ni de fraude sino que no pudimos cumplir con lo estipulado en el acuerdo de patrocinio porque uno de los colaboradores del campeonato no lo permitió".

Además, el contrato que se suscribió es de naturaleza "privada" por lo que, "la exigencia de su cumplimiento no debiera hacerse por la vía de apremio administrativa, como se está haciendo en la actualidad", ha concluido.