En las Islas no existen datos fiables sobre la discapacidad. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Subcomisión Parlamentaria para el Estudio de la Discapacidad en Canarias tras algo más de cuatro meses de trabajo.
En concreto, en el informe aprobado por unanimidad, los ponentes de todos los partidos critican "la carencia de datos estadísticos fiables", detallando que en la actualidad se desconoce el número exacto de las personas con discapacidad, sus sexo, su distribución por islas, su tipo de discapacidad y situación.
"Esta laguna debería subsanarse, pues ello compromete el diseño con rigor de las políticas adecuadas de atención a las personas con discapacidad. A estos efectos, se insta al Gobierno de Canarias a que, a la mayor brevedad posible, y siempre dentro del presente año 2015, elabore un plan con el objeto de que los datos estadísticos referentes a este colectivo que obren en poder de las distintas consejerías puedas ser sistematizados y ordenados, todo ello con vistas a que los mismos puedan ser puestos en conocimiento también de la ciudadanía".
No obstante, los diputados han llegado a esta y otras conclusiones tras escuchar las aportaciones de 33 expertos que comparecieron en sede parlamentaria en 19 sesiones y que también pusieron de relieve el alto incumplimiento que hay en las leyes de protección de este colectivo.
"Es necesario que el Gobierno de Canarias realice una evaluación del cumplimiento de los objetivos y finalidades consagrados en la normativa ya existente en materia de discapacidad, proponiendo las reformas normativas necesarias oportunas para conseguir que nuestras leyes sean justas, idóneas, útiles y aplicables", detalla el informe que, además, califica de "prioritaria" la aprobación durante la próxima legislatura de una ley de servicios sociales "que planifique, dote de una cartera de servicios a favor de las personas con discapacidad y cuente con financiación suficiente", ya que la actual ley data del año 1987 y está obsoleta.
De ahí que la Subcomisión insista una y otra vez en la necesidad de mejorar la planificación de los servicios sociales, considerando "imprescindible" revisar y adecuar el número de plazas existentes en los centros asistencias y ajustar su financiación al coste real de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad y garantizando su viabilidad futura y para ello propone estudiar con representantes de este colectivo la normativa autonómica vigente sobre acreditación de centros formativos, el copago sanitario, el III Plan Canario de Salud y los centros ocupacionales.