La moción sobre el alquiler vacacional que llevó ayer al Parlamento regional el PP a través de su autora, Águeda Montelongo, parecía llamada a fracasar sin ruido, como tantas otras, pero al final sirvió para dejar en evidencia que ni siquiera los grupos de gobierno son capaces de defender la exigencia que pretende incluir el Ejecutivo a los propietarios de una casa que pertenezca a una comunidad de propietarios para que obtenga con carácter previo una autorización a fin de destinarla a este uso.

No es que los grupos se opongan a este aspecto, sino que albergan dudas sobre la legalidad del requisito, excepto el PP, que da por sentado -en sintonía con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav)- que esa autorización contraviene la legalidad al ir contra la Ley de Propiedad Horizontal, la del Gobierno y de la Administración Pública de Canarias, el Código Civil y hasta la Constitución Española.

La autora de la iniciativa, la diputada popular Águeda Montelongo, reconoció que fue un error incluir en la moción la pretensión de que los grupos respaldaran solo el punto de vista de la Ascav -obviando, entre otros, los de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel)-. Por ello, y tras escuchar las críticas del resto de los grupos al respecto, propuso primero eliminar ese punto del texto original para acabar retirando la moción con el compromiso de que se llevará otra iniciativa pactada entre todos los partidos con representación para recomendar al Ejecutivo que suprima la autorización de la comunidad de propietarios del decreto que ahora formula.

Menos exigente se mostró con la exclusión de la regulación de la figura del alquiler de habitaciones sueltas al turismo en domicilios particulares -el denominado "bed and breakfast"-, aunque Montelongo también llevó este aspecto en la moción e intentará negociarlo esta semana.

En parte, la moción partía con escasa posibilidad de acuerdo ya que los grupos recordaron al PP que la regulación que habrá sobre el alquiler vacacional es un decreto cuya competencia es del Ejecutivo, por lo que la Cámara quiere evitar enmendar la plana al Gobierno en un tema que le es ajeno.

Además, alegaron los distintos portavoces, las partes presentaron más de 180 alegaciones al borrador del decreto que la Administración estudia ahora, por lo que el Parlamento no quiere condicionar la valoración de estas con una moción que lo inste a hacer algo distinto de lo que crea conveniente.

los grupos

Águeda Montelongo, del PP, aseguró que la iniciativa que llevará al próximo pleno sobre el alquiler vacacional será otra moción, si bien buscará "suavizar" el tono.

Emilio Mayoral, del PSC-PSOE, expuso que ve "razonable" revisar la exigencia de la autorización de la comunidad de propietarios al no existir en ninguna otra comunidad.

José Miguel Barragán, del grupo nacionalista, "alberga dudas" sobre la legalidad de esa autorización y estudiará el asunto esta semana.

Fabián Martín , del grupo mixto, "no tiene claro" que haya que suprimir la autorización "aunque si es ilegal, habrá que quitarla". "No sé si es legal o no", dijo.