El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer pedir al Gobierno que suspenda los permisos para realizar prospecciones en el Mediterráneo y en Canarias, tal y como solicitaban el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y parte del grupo mixto, como Coalición Canaria y Nueva Canarias.

La Cámara Baja votó una moción pactada entre los socialistas y la coalición de izquierdas exigiendo al Ejecutivo dar por resueltas las concesiones de Repsol en el Archipiélago y suspender con carácter inmediato los permisos de investigación o exploración concedidos o en tramitación en la costa del Levante.

Además, solicitaban cambiar la Ley de Hidrocarburos y la de Evaluación Ambiental para endurecer los requisitos de concesión de autorizaciones de este tipo. En este sentido, reclamaban prever las consecuencias medioambientales y económicas, incluir garantías financieras para cubrir posibles daños, garantizar la participación pública en el trámite de evaluación ambiental -reabriendo incluso los expedientes en los que no se ha llevado a cabo- y crear un procedimiento integrado para los permisos de investigación de hidrocarburos que incluya todas sus fases.

La propuesta exigía una transición hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles, paralizar todas las autorizaciones de "fracking" -extracción de gas o petróleo mediante la fracturación hidráulica de la roca- y ampliar hacia el este el límite oriental del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura.

Por su parte, la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones anunció ayer que se mantendrá activa hasta que las islas consigan la soberanía energética y un modelo de producción basado en las energías renovables, y que para ello seguirá convocando acciones de concienciación ciudadana.

El portavoz de la coordinadora René Behoteguy, aseguró, en una rueda de prensa recogida por Efe, que el Gobierno canariodebe, por coherencia, oponerse a las dos plantas regasificadores previstas en Gran Canaria y Tenerife.

Entre las acciones previstas se encuentra la convocatoria de una marcha, el 21 de febrero en Gran Canaria, que partirá de Vecindario y del municipio de San Mateo para coincidir en el parque San Telmo de la capital, donde se hará lectura de un manifiesto en favor de la soberanía energética.