Los colegios profesionales de trabajadores sociales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas creen que los cambios hechos en la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) son positivos, pero insuficientes.
La reducción de los plazos máximos exigidos para la tramitación de la PCI de 3 a 2 meses (a los ayuntamientos) y de 6 a 2 meses (a la Dirección General de Servicios Sociales) es una medida que puede mejorar la situación de las personas cuyos únicos ingresos dependen de estas instituciones, se indica en un comunicado.
Los colegios profesionales de trabajadores sociales señalan que, en baso a lo ocurrido en los últimos años, es necesario exigir al Gobierno canario y a los ayuntamientos que cumplan la ley y, por tanto, los plazos.
Para que se puedan respetar esos plazos es necesario más personal, añaden.
También dice que la consejera Inés Rojas ha reconocido que el cambio legislativo garantiza la ampliación del crédito presupuestario y lograr así que la PCI se abone a todas las personas beneficiarias.
Pero consideran que el Gobierno canario "vuelve a caer en el mismo error al contemplar una partida presupuestaria que sabe que se va a agotar antes de que acabe el año".